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Durante este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, expondrá ante el Presidente José Antonio Kast y el comité político los acuerdos de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) y se definirá la postura de Chile.

Cabe recordar que fue la jornada del lunes cuando Pavez voló rumbo a República Dominicana para participar de la cumbre impulsada por la administración de Donald Trump.

La iniciativa surgió a inicios de 2026 en el marco de la cumbre conocida como el “Escudo de las Américas”. Se trata de una instancia de cooperación de seguridad impulsada por el gobierno de Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional y al narcotráfico en la región. Y si el Escudo de las Américas es la instancia política, el A3C es la operativa, la que sí implica una firma.

Pese a la intención chilena de participar, en el Foro A3C en Panamá, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se refirió a Latinoamérica como el “patio trasero” y mostró un borrador de documento que levantó alertas en varios países.

Frente a ello, Chile dijo estar en contra de que Washington obtuviera “carta blanca” para que las fuerzas de la región operaran bajo la tutela del Comando Sur de los Estados Unidos; planteó que ninguna intervención militar podría realizarse sin la autorización previa del país receptor y que toda actividad debe contar con la aprobación unánime de los miembros de la A3C y cada procedimiento debe ajustarse estrictamente al derecho internacional y a la legislación interna.

Si bien la Casa Blanca atendió varios puntos en un nuevo documento, el Gobierno -inicialmente- dijo que no iba a firmar y solo sería observador, hubo presión del oficialismo para reconsiderar la decisión y, en esa línea, el domingo se llevó a cabo una reunión para decidir los pasos a seguir.

La decisión fue, Como aún hay dudas, que el ministro de Defensa, Fernando Barros -encargado de este tema-, no viajaría, sino que lo haría el subsecretario Pavez para abordar las propuestas en otros temas como seguridad y migración.

Con todo, fuentes del gobierno de Estados Unidos aseguraron que la firma no implica ceder autoridad en favor de Washington, sino que cada país podrá actuar con sus autoridades, leyes y decisiones propias.

Nada en el documento, detallan, exige participación de tropas actuando fuera de su territorio o de tropas extranjeras actuando en otro país. De hecho, el documento no establece un mando multinacional y ya no hay una exigencia en el gasto de defensa.

De este modo, apuntan a que éste no es un tratado, porque no es vinculante ni establece la creación de ningún organismo. Lo que sí es, sostienen, es un grupo de coordinación de información para emprender acciones conjuntas y gestar acuerdos entre los países participantes

Pero, las dudas chilenas radican en los temas de soberanía, el respaldo de las Fuerzas Armadas y en evaluar si esto requiere o no de la venia del Congreso.

La Moneda ha avanzado en cooperación internacional de seguridad, así lo ha liderado la Cancillería con el Acuerdo de Santiago. En ese sentido, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, sostuvo que “es distinto, pero el objetivo es el miso”, y plnateó que “en asuntos internacionales uno tiene que ver con mucho cuidado a qué se compromete”.

Más allá de esos reparos, la presión oficialista sigue. El timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, pidió al Gobierno que reconsidere su decisión, ya que “si hay herramientas sobre la mesa para aniquilar al crimen organizado y no solamente para corretearlo fuera de nuestras fronteras, hay que utilizarlas”.

De momento la decisión está en mantenerse como país observador y analizar, según la cumbre que se realizó el lunes y martes, la posibilidad de socializar el documento con el Congreso para tomar una decisión.

En esa línea, el director del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, señaló que “parece una medida bastante razonable”, apuntando a la decisión que ha tomado el Ejecutivo.

Nuevo “error” en medio de definición por Coalición contra los Cárteles (A3C)

Más allá del debate de fondo, hubo una polémica comunicacional por el viaje. Se trató de la difusión de imágenes en redes en las cuales se veía a Pavéz hablando por teléfono al interior de una avión privado de la Fuerza Aérea de Chile. El subsecretario del Interior también compartió una foto del exterior de la aeronave.

La imagen no solo se viralizó, sino que generó amplias críticas y llevó al biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, a llamarle la atención y pedir que bajara las publicaciones.

En entrevista con radio ADN, Alvarado dijo “no me parecen ese tipo de fotografías. Lo que sí es incómodo, molesto y no había sucedido nunca es hacer alarde en la forma que una persona se transporta (…) creo que fue un profundo error y la magnitud del error da cuenta que sea una noticia pública”.

Por su parte, el diputado Jaime Araya (PPD) criticó el actuar y señaló que “una de las cosas que el subsecretario no entiende es el rol que cumple”.

Además, planteó que “debiéramos saber los chilenos cuánto costó ese viaje y que el subsecretario diga, a fin de mes, cómo va a reintegrar esos dineros”.