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Mientras el Gobierno defiende una política de mano dura contra la delincuencia, su propio Ministerio de Justicia concedió 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores de edad. Una decisión que abrió un flanco para La Moneda y desató cuestionamientos por la aplicación de una ley que, desde 2022, excluye a estos condenados del beneficio.

La información fue publicada por Interferencia y corresponde a decretos dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año. Del total, 29 rebajas beneficiaron a condenados por violación y otras 27 a personas sentenciadas por abuso sexual de menores. En el mismo período, el ministerio rechazó una solicitud.

Para entender la discusión, es necesario distinguir esta figura de un indulto o de la libertad condicional. La rebaja de condena está regulada por la Ley 19.856 y busca incentivar el buen comportamiento de quienes cumplen penas de cárcel, reduciendo el tiempo de condena cuando se reúnen los requisitos establecidos.

El conflicto surge a partir de una reforma legal de 2022, que excluyó de este beneficio a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La discusión está en cómo se aplica esa prohibición a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la modificación.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones y aseguró que la cartera actuó siguiendo el criterio que la Corte Suprema había establecido en recursos de amparo presentados anteriormente por condenados que reclamaban el beneficio.



Sin embargo, las rebajas informadas no se originaron en recursos judiciales presentados individualmente por sus beneficiarios, sino que fueron concedidas directamente por el ministerio mediante decretos administrativos.

Desde el Gobierno, el vocero Gonzalo Arenas sostuvo que no se trató de una decisión discrecional y aseguró que la cartera cumplió con sus obligaciones legales. Además, afirmó que ninguno de los decretos corresponde a delitos cometidos después de la reforma de 2022.

Los cuestionamientos a la rebaja de condena de violadores y abusadores de menores


Pero el alcance de la legislación y de los fallos judiciales sigue siendo materia de discusión. El académico de la Universidad Central, Silvio Cuneo, explicó que uno de los puntos en disputa es si la exclusión incorporada en 2022 puede aplicarse a hechos anteriores, considerando el principio de irretroactividad de la ley penal.

Cuneo agregó que los fallos de la Corte Suprema constituyen precedentes relevantes, pero no tienen carácter vinculante general. Por ello, cuestiona que el criterio aplicado en recursos de amparo anteriores se extienda automáticamente a otras solicitudes.



Una postura más crítica planteó el exministro de Justicia y académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo. Según afirmó, durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric se mantuvo el criterio de rechazar las rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores, precisamente por la exclusión que estableció la reforma legal.

Gajardo sostuvo que el Ministerio debió defender la aplicación de la ley ante los tribunales, en lugar de extender el criterio de fallos anteriores a otras solicitudes. A su juicio, las decisiones adoptadas por la actual administración contravienen la normativa vigente.


El exministro también advirtió que revertir las rebajas podría ser complejo y apuntó a otra interrogante: si alguno de los beneficiados ya salió en libertad producto de la reducción de su condena.

Y la Defensoría de la Niñez anunció que solicitará al Ministerio de Justicia los antecedentes que fundamentaron las resoluciones y explicaciones por el cambio de criterio de la cartera, que históricamente rechazaba beneficios de este tipo.