Ética y transparencia de BioBioChile

Mientras más se revisa la última declaración de Luis Hermosilla, más nombres se suman a esta trama de poder político y nombramientos judidiales, y nuevas interrogantes quedan abiertas.

El abogado decidió colaborar con la Fiscalía y, en su quinta declaración en la arista que investiga los nombramientos judiciales, habló de dinero en efectivo, de asesores de La Moneda, de Andrés Chadwick, de Samuel Donoso y, especialmente, de Gabriel Zaliasnik.

Todo ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando Hermosilla llegó hasta la Fiscalía Regional de Valparaíso y, ante las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione, comenzó a responder sobre una serie de antecedentes que ya habían aparecido en chats y que ahora él mismo confirmó o complementó.

Pagos desde La Moneda a Hermosilla y Donoso

Hermosilla reconoció que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, junto al abogado Samuel Donoso, recibieron pagos en efectivo. Según su versión, se trataba de cerca de 100 UF mensuales para cada uno, es decir, alrededor de tres millones y medio de pesos de la época.

El abogado explicó que esos pagos correspondían a “gestiones judiciales” relacionadas con las causas que enfrentaban autoridades del gobierno, especialmente aquellas derivadas del estallido social y, posteriormente, de la pandemia.

Pero hay que llama la atención: no era una transferencia bancaria, no había un contrato con el Presidente. De hecho, Hermosilla aseguró que tampoco emitió boletas por esos montos.

Según su relato, el dinero se acumulaba y se entregaba normalmente cada tres meses, en efectivo.

Primero, dijo que los pagos los hacía llegar Benjamín Salas Kantor, cercano asesor del entonces Presidente Piñera. Después, cuando Salas dejó el gobierno, la entrega quedó en manos de Andrés Sotomayor.

“Estos pagos se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Samuel Donoso o a mí, tras lo cual se los hacía llegar al otro. (…) Según recuerdo estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral”, planteó.

Además, el polémico abogado y protagonista del Caso Audio puso otro nombre sobre la mesa: Andrés Chadwick. Cuando las fiscales le preguntaron quién les había comunicado que estos pagos existirían, el abogado mencionó que podía haber sido Chadwick o Benjamín Salas, aunque reconoció que no recordaba exactamente cuál de los dos.

Lo que sí aseguró fue que la iniciativa había sido del propio Sebastián Piñera. Y acá hay una precisión importante, ya que Hermosilla señaló que nunca conversó directamente con Piñera sobre esos pagos.

De esta manera, su relato apunta a que la instrucción habría sido transmitida a través de terceros.

Por otra parte, el controvertido abogado tampoco pudo explicar de dónde provenía finalmente el dinero. Sin embargo, los chats conocidos previamente por la Fiscalía aparecen como una pieza importante para contrastar esa historia. En uno de ellos, Andrés Sotomayor le informa a Hermosilla que tenía disponibles sus honorarios correspondientes a varios meses, mientras otros mensajes muestran coordinaciones para repartir los pagos entre los abogados.

Es decir, la declaración no aparece sola: llega después de conversaciones que ya estaban incorporadas a la investigación.

Sobre estos nuevos antecedentes reaccionó el querellante Mauricio Daza, quien apuntó precisamente a las gestiones que, según este relato, habrían realizado Donoso y Zaliasnik para posicionar a personas de confianza en distintos tribunales.

Trama de nombramientos judiciales

Pero la historia cambió de tono cuando las fiscales comenzaron a preguntarle por los nombramientos judiciales. Hermosilla no solo habló de cómo se pagaban sus servicios, también describió conversaciones que mantenía con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik sobre quiénes podían ser candidatos para ocupar determinados cargos en los tribunales.

Según su declaración, los tres conversaban sobre los perfiles que consideraban idóneos para distintas posiciones judiciales.

Y no se trataba de una conversación aislada: Hermosilla afirmó que estas materias también se discutían recurrentemente con Héctor Mery, quien durante el gobierno de Piñera estuvo a cargo de la División Judicial del Ministerio de Justicia y que ahora es ministro del Tribunal Constitucional.

El interés habría estado puesto en tribunales de Santiago, San Miguel y Valparaíso, además de la Corte Suprema.

En este punto nuevamente aparece Zaliasnik. Hermosilla aseguró que Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso eran incluso más cercanos entre ellos que con él. Pero, además, sostuvo algo que se convirtió rápidamente en una de las frases más comentadas de toda la declaración: que Zaliasnik tenía más acceso que él a algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago e incluso de la Corte Suprema.

Esto lo dijo luego de que las fiscales le mostraran un mensaje que Zaliasnik le había enviado en noviembre de 2022. El texto era bastante directo, ya que le pedía ayuda para que confirmaran la prisión preventiva de un imputado.

El caso involucraba a Octavio Gamboa, exejecutivo de Swell Capital, y Zaliasnik representaba a la parte querellante.

De esta manera, la solicitud era que Hermosilla hablara con alguien en la Corte para intentar mantener la medida cautelar.

Hermosilla respondió que probablemente Zaliasnik esperaba que hablara con la ministra Isabel Margarita Zúñiga, a quien conocía porque había trabajado anteriormente en su oficina. Pero hizo una distinción importante, sosteniendo que una cosa era haberle dicho a Zaliasnik que sí a la solicitud y otra distinta era que efectivamente hubiese realizado la gestión. De hecho, aseguró no recordar si finalmente habló con ella.

En la misma línea, Hermosilla planteó que la petición le resultó extraña porque, según mencionó, Zaliasnik tenía más acceso que él a ministros de las cortes.

Ese punto fue abordado por el exfiscal Carlos Gajardo, quien sostuvo que la novedad está en que Hermosilla estaría describiendo desde dentro prácticas que hasta ahora aparecían principalmente en los mensajes incautados.

Con todo, dentro de la investigación ya aparecen antecedentes sobre determinados nombramientos y sobre las gestiones que habrían realizado abogados para promover candidatos.

Uno de los casos que aparece en la carpeta es el de Antonio Ulloa, cuya llegada a la Corte de Apelaciones de Santiago es materia de una investigación y de una querella del Consejo de Defensa del Estado contra Samuel Donoso por presunto soborno.

En los antecedentes conocidos, incluso, aparece un mensaje de Donoso a Hermosilla hablando de candidatos para Santiago y mencionando a Ulloa como una alternativa, destacando su antigüedad, experiencia y lealtad.

Pero la declaración de Hermosilla agregó otro ingrediente, el vínculo entre quienes discutían esos nombres: Zaliasnik, Donoso, Hermosilla y, recurrentemente, Héctor Mery.

Es decir, la Fiscalía ahora tiene que reconstruir quién hablaba con quién, qué nombres se proponían, qué gestiones se hacían y, sobre todo, qué ocurría después con quienes finalmente llegaban a los tribunales.

Y mientras la Fiscalía intenta reconstruir esa trama, el frente político comenzó a moverse. Desde la oposición ya surgieron llamados para que Zaliasnik deje la embajada. Uno de los más duros fue el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien cuestionó que el Gobierno mantenga al abogado en el cargo.

De este modo, la declaración dejó de ser solamente judicial y comenzó a tener consecuencias políticas. Cabe mencionar que Zaliasnik es el actual embajador de Chile en Israel. Y tras conocerse estos antecedentes, desde la oposición se agudizaron los llamados para que deje el cargo.

Pero también apareció una voz desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper, quien evitó entrar en el fondo de las acusaciones y llamó a dejar que la Fiscalía haga su trabajo.

La postura contrasta con la presión política que ya se instaló alrededor de Zaliasnik, porque mientras algunos parlamentarios cuestionan directamente su continuidad como embajador, desde su equipo legal han rechazado que el abogado haya incidido en nombramientos del Poder Judicial.

Su defensa sostiene que una recomendación no tiene carácter decisivo y que es normal que la División Judicial del Ministerio de Justicia consulte la opinión de abogados conocidos.

Zaliasnik, además, se mantiene a disposición del Ministerio Público y figura como imputado en la investigación vinculada a estos antecedentes.

Esto último no equivale a una responsabilidad penal acreditada: las actuaciones y acusaciones continúan bajo investigación.

Y mientras se reconstruye esa trama, se abren nuevas interrogantes: ¿De dónde salían esas 100 UF mensuales? ¿Quién daba la instrucción? ¿Por qué los pagos se hacían en efectivo? ¿Quiénes sabían de ellos? ¿Y qué relación existe entre esos pagos, las gestiones judiciales y las conversaciones sobre quién debía llegar a determinadas cortes?