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Las aclaraciones que llegaron desde Argentina durante el fin de semana buscaron bajar la tensión con Chile, pero el debate ya se había trasladado a otro terreno. Exministros de Defensa y exautoridades diplomáticas comenzaron a preguntarse si, más allá de las declaraciones, el país está destinando los recursos suficientes para proteger sus intereses estratégicos y mantener su capacidad disuasiva.

La discusión tomó fuerza el domingo con una carta publicada en El Mercurio y firmada por seis exministros de Defensa, entre ellos Francisco Vidal, Mario Desbordes y Alberto Espina. En ella cuestionaron que el financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas sea postergado y tratado como una variable de ajuste fiscal.

El punto central es la Ley 21.174, aprobada en 2019 para reemplazar el financiamiento que durante décadas entregó la Ley Reservada del Cobre. El nuevo sistema desligó estas inversiones de las ventas de Codelco y estableció fondos destinados a sostener y renovar capacidades militares con una planificación de largo plazo.

El escenario que preocupa a exministros de Defensa

La discusión reflota porque los exministros miran un escenario regional que, aseguran, está cambiando. En su carta mencionan las adquisiciones militares de Perú y el fortalecimiento de capacidades argentinas, además de las controversias por el estrecho de Magallanes y el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

Esa base comenzó a materializarse durante el gobierno de Alberto Fernández y sus obras fueron inauguradas formalmente en 2022. Lo nuevo es que Javier Milei anunció recursos para acelerar un proyecto concebido para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y funcionar como plataforma logística hacia la Antártica.

En medio de este contexto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que Argentina está realizando un esfuerzo legítimo por fortalecer sus capacidades, incluso con cooperación estadounidense.

Siguiendo ese punto, agregó que “lo que no puede pasar es que Chile siga postergando las inversiones que corresponden y que siga incumpliéndose, vulnerándose, violándose derechamente la ley 21.174”.

La advertencia no apunta a una amenaza militar inmediata desde Argentina. De hecho, los exministros hablan de capacidad disuasiva: mantener medios suficientes para proteger los intereses del Estado y evitar que una eventual diferencia pueda resolverse mediante presión o fuerza.

En esa línea, Francisco Vidal planteó que mantener esa capacidad es una tarea permanente del Estado y llamó al Gobierno a no abandonar el esfuerzo construido por Chile durante las últimas décadas.

“Nuestra capacidad militar no es para ofender”, dijo.

Desde la política exterior, la preocupación tiene otro matiz. La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente señaló que las últimas controversias no deberían analizarse de manera aislada, ya que “son demasiados los hechos acumulados”.

Además, hizo un llamó al Presidente: “Chile tiene el deber de proteger tanto su soberanía como sus propios intereses”, dijo.

Todo esto ocurre después de varios episodios concentrados en pocos días. El jueves 3 de septiembre, José Antonio Kast y Javier Milei se reunieron en La Moneda y ambos gobiernos reafirmaron el carácter prioritario de la relación bilateral y la voluntad de mantener un diálogo al más alto nivel.

También abordaron el estrecho de Magallanes. Chile y Argentina ratificaron que su régimen jurídico está determinado por los tratados de 1881 y 1984, plenamente vigentes y definitivos, y reafirmaron la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho.

Tras esa reunión, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la voluntad de ambos mandatarios de mantener una relación estrecha y una comunicación permanente.

¿Continúa tensión entre Chile y Argentina?

La tensión reapareció después. Y es que el canciller argentino, Pablo Quirno, definió a su país como “bicontinental y bioceánico” al explicar el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártica.

Este domingo, Quirno precisó que se refería al Atlántico Sur como vía hacia la Antártica, reafirmó lo acordado en Santiago y aseguró que la política del gobierno de Milei es cumplir los tratados vigentes.

A esa aclaración se sumó la de la senadora argentina Patricia Bullrich, quien envió una carta al embajador chileno, Gonzalo Uriarte, asegurando que había confundido el estrecho de Magallanes con el canal Beagle. De esta manera, ofreció disculpas y reconoció que el estrecho pertenece en su totalidad a Chile.

Los episodios se suman a otra controversia ocurrida en agosto, cuando el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, incluyó a Magallanes al referirse a la soberanía de su país. Días después, el ministro de Defensa argentino atribuyó sus dichos a una confusión y reconoció la soberanía chilena.

De esta forma, en pocas semanas, distintas autoridades argentinas realizaron declaraciones que generaron cuestionamientos en Chile y que posteriormente fueron aclaradas o rectificadas. Pese a ello, ambos gobiernos han mantenido el reconocimiento de los tratados que fijan la soberanía chilena sobre el Estrecho.

En ese escenario, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que “cuando desde el otro lado de la cordillera siguen cometiendo errores, lo que no puede ocurrir es que nosotros sigamos actuado de la misma manera”.

“Es muy relevante que se actúe con la mayor urgencia y claridad en este tema”.

Así, la discusión que comenzó por el estrecho de Magallanes y continuó con el concepto “bioceánico” terminó abriendo una pregunta más amplia. Los tratados mantienen jurídicamente definida la soberanía chilena y Argentina acaba de reafirmar su respeto a esos acuerdos.

Lo que exautoridades de distintos sectores plantean ahora es si esa certeza jurídica está siendo acompañada por una estrategia de largo plazo y por los recursos necesarios para que Chile mantenga su capacidad disuasiva y proteja sus intereses en la zona austral.