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El cierre de la “Operación Cancerbero” llegó en medio de un revés para el gobierno de José Antonio Kast, lo que mantiene a su administración monitoreando el panorama.

El Juzgado de Garantía de Iquique, en una polémica resolución, ordenó que cuatro imputados, cabecillas de la mafia china conocida como “Clan Chen”, que operaba en el norte de nuestro país, fueran devueltos desde la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca, hasta el penal de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

La decisión se tomó luego de que el tribunal considerara que el informe presentado por Gendarmería no cumplía con el estándar necesario para sustentar el traslado inicial hacia Talca.

Cabe destacar que los imputados, que están formalizados por asociación ilícita y lavado de activos por 180 millones de dólares, interpusieron en principios de agosto un recurso para revertir su traslado argumentando razones de arraigo familiar.

Ante ello, el tribunal terminó accediendo.

Operación Cancerbero

Este traspié se produce justo cuando el Gobierno daba por cerrada la “Operación Cancerbero”, iniciativa puesta en marcha el pasado 13 de agosto con un amplio despliegue nacional y transmisión televisiva.

El operativo buscaba concentrar en el Complejo Penitenciario La Laguna a reos de alta peligrosidad y líderes del crimen organizado.

De hecho, al 24 de agosto el penal de Talca ya alcanzaba una ocupación de 1.931 internos, equivalente al 83,2% de su capacidad. Y aún quedan 389 plazas disponibles de un total de 2.320.

Al respecto, el diputado Jaime Araya (PPD) dijo que esto es una nueva muestra de que un espectáculo comunicacional no es efectivo en el combate a la inseguridad.

Desde el mundo de los expertos, el exfiscal y especialista en litigación penal, Roberto Rabi, apuntó a uno de los puntos débiles del diseño que empuja el Gobierno.

En esa línea, dijo que hay que hacer una distinción entre condenados e imputados, porque no se puede tildar a alguien de “terrorista o miembro del crimen organizado” y asignarlo a un penal de máxima seguridad, si aún no recibe condena.

La duda que abre este traspié es si se pueden dar otros casos donde se impugnen los traslados.

De todos modos, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, utilizó precisamente este hecho para defender uno de los puntos de la reforma constitucional en materia de seguridad.

Así, destacó que la propuesta busca que sea Gendarmería la encargada de definir los regímenes penitenciarios de los internos, utilizando como respaldo una nómina de organizaciones criminales, y, de esa forma, reducir la posibilidad de que los tribunales intervengan en este tipo de decisiones.

En la misma línea, desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que el Gobierno utilizará todos los recursos disponibles para que el reordenamiento carcelario se concrete en los términos que ha propuesto.

En el Gobierno tienen consciencia de que este no es el único caso de personas que han presentado recursos para ser devueltos, por lo que esta situación, entonces, marca un precedente importante.