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Una nueva “megarreforma” del Ejecutivo marcó la agenda de la última semana. Esta vez, eso sí, no se trata de economía, sino de seguridad, otro de los ejes centrales de la administración del Presidente José Antonio Kast.

El miércoles pasado, el mandatario anunció, a través de Cadena Nacional, la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Junto con ello, una reforma constitucional que busca “consagrar” la seguridad de las personas como un deber del Estado.

En ese marco, la iniciativa será presentada oficialmente durante la mañana de este lunes en La Moneda.

Incertidumbre por megarreforma de seguridad del gobierno Kast

Sin embargo, para avanzar, el Ejecutivo deberá reunir una mayoría reforzada, lo que abre dudas sobre su viabilidad en el Congreso.

En concreto, se requieren 4/7 para aprobar la reforma, es decir, 89 votos en la Cámara Baja y 29 en el Senado. Por lo mismo, el Gobierno deberá buscar apoyos en otras bancadas para alcanzar ese respaldo.

De esta manera, el escenario aún es incierto. Si bien la administración logró los votos para la megarreforma económica, no está claro si aquello se repetirá en materia de seguridad. Aun así, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo que este proyecto podría generar mayores niveles de consenso.

Con todo, el eje de la propuesta es claro: fortalecer el sistema nacional de seguridad pública, estrategia que contempla más de cinco puntos de acción.

Por un lado, el Ejecutivo incorporará como un deber del Estado el resguardo de la seguridad pública. A esto se suma la creación de un régimen penitenciario especial, que permitiría establecer condiciones más restrictivas para personas condenadas por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Pero, uno de los puntos que más debate ha generado dentro de esta batería de medidas es el registro de organizaciones criminales. Este mecanismo permitiría establecer consecuencias jurídicas para sus integrantes, sin eliminar la obligación de probar su participación en delitos.

De hecho, solo por pertenecer a este registro se podría avanzar en la incautación temprana de bienes. Además, se evalúa que este registro no tenga control judicial, sino que sea el Ejecutivo quien proponga la incorporación de la lista al Senado y sea este órgano el que dé la última palabra.

Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Karim Bianchi, valoró la iniciativa, pero fue enfático en que debe mantenerse en la vía judicial y no trasladarse al ámbito político, como ha trascendido.

A pesar de su desacuerdo con la vía judicial que se estaría evaluando, Bianchi también indicó que está disponible para apoyar las iniciativas en caso de que sean efectivas.

En el oficialismo, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) celebró la iniciativa, sobre todo por el grado de responsabilidad que se le otorga a la participación en organizaciones criminales.

En tanto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fue clara en que no conoce el detalle del proyecto y de la reforma, pero que, hasta ahora, le parece que va en contra de la tradición constitucional del país.

Por otra parte, respecto a la agenda de seguridad a nivel general, la exministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que, más que proponer nuevas medidas, se debería avanzar en la implementación de lo ya legislado durante el gobierno anterior.

A lo anterior respondió el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmando que la exsecretaria de Estado parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, en donde eran más importantes los derechos de las personas que están privadas de libertad que los de las víctimas.

Otro de los puntos de esta reforma que ha generado dudas es el que respecta a las Fuerzas Armadas del país. Y es que con dichas modificaciones, el Ejecutivo podría solicitar su presencia en las calles para situaciones de seguridad pública y crimen organizado e, incluso, para la cooperación con policías.

En el mundo de los alcaldes, sobre todo, esto se ve complejo, considerando que las Fuerzas Armadas podrían intervenir barrios en combate al tráfico de drogas y todo lo que esto conlleva.

A pesar de esto, alcaldes de distintos sectores políticos han secundado esta parte de la reforma, siempre y cuando se haga de manera planificada y respetando el Estado de derecho por sobre todas las cosas.

En esa línea, la jefa comunal de Quilicura, Paulina Bobadilla (FA), sostuvo que “es una herramienta valida”.

Además, junto con estas propuestas, se contempla una mayor protección constitucional para la aplicación de medidas y la incorporación de una nueva causal de estado de excepción. Asimismo, el Presidente contaría con mayores facultades para restringir distintas libertades.

En paralelo, pero no por caminos separados, la ACOT es el sustento legislativo para la gran agenda de seguridad de la administración Kast. Cabe recordar que esta propuesta incluye más de 30 proyectos de ley.

También, parte de estas iniciativas ya tendrían un avance en la Cámara. La Moneda puso especial atención a 18 iniciativas, de las cuales siete están en primer trámite, mientras seis están en segundo trámite y cinco en comisión mixta.