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El Gobierno confirmó la reapertura de un sumario administrativo por la entrega de diez pensiones de gracia tramitadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric tras el denominado estallido social. Lo anterior desató los cuestionamientos de la oposición, desde donde acusan un intento por instalar un manto de dudas sobre las víctimas.

Se trata de una de las controversias que marcó a la administración anterior y que hoy vuelve a instalarse en la agenda.

La reapertura del sumario responde a un oficio de representación de la Contraloría en abril de este año. Al revisar el expediente para su toma de razón, el organismo concluyó que el cierre de la investigación, realizado por la entonces Subsecretaría del Interior, no se ajustó a derecho y ordenó retomar las diligencias.

De esta manera, la fiscal instructora que fue designada es Damary Rapaillán, quien encabezará una nueva etapa investigativa.

Entre las diligencias que podrían desarrollarse figura la citación a exfuncionarios e incluso a exautoridades de la administración anterior, si los antecedentes así lo ameritan.

¿Cuáles son las irregularidades en la entrega de pensiones de gracia?

Los antecedentes apuntan a beneficiarios que no contaban con suficiente respaldo médico para acceder al beneficio, presentaban información contradictoria respecto de sus diagnósticos o registraban lesiones cuya data era anterior al 18 de octubre del 2019.

En ese sentido, el ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, explicó que el objetivo es determinar las responsabilidades administrativas de quienes participaron en la tramitación de estas pensiones al interior de la División de Acción Social y si dichos funcionarios siguen en la cartera de Interior.

Si bien este sumario se centra en diez pensiones de gracia en particular, el Ejecutivo mantiene en desarrollo una auditoría a la totalidad de los beneficios vigentes otorgados tras el 18 de octubre del 2019, que actualmente suman 348.

Una vez concluida esa revisión, el Gobierno se comprometió a dar a conocer sus resultados y resolver las eventuales revocaciones de aquellos beneficios que no cumplan con los requisitos establecidos.

Frente a este escenario, el diputado republicano y excarabinero, Sebastián Zamora, llamó a identificar y sancionar a los responsables.

¿Un intento por criminalizar a las víctimas?

Sin embargo, en la oposición acusaron una actitud indolente frente al tratamiento de los casos y criticaron que se intente instalar un manto de dudas sobre las pensiones de gracia en su conjunto.

En esa línea, la senadora independiente Fabiola Campillai reconoció que pueden existir irregularidades en algunos beneficios, pero insistió en que eso no justifica los cuestionamientos a las víctimas.

Asimismo, para la diputada del Partido Comunista y activista por los derechos humanos, Lorena Pizarro, el debate ha derivado en un intento por criminalizar a los beneficiarios de las pensiones de gracia.