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A menos de una semana para que la Cámara de Diputados decida el futuro político del exministro Nicolás Grau, los impulsores de la acusación constitucional hacen cuentas para reunir los votos, la defensa desplegó su primera gran ofensiva para intentar frenar el libelo que podría terminar en el Senado; y la oposición amenazó con una ofensiva similar contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

A primera hora de este martes, el exsecretario de Estado ingresó formalmente su respuesta al Congreso. Horas después, su abogado, Patricio Zapata, se transformó en el primer expositor ante la comisión revisora encargada de analizar la acusación impulsada por Libertarios y Republicanos.

De esta manera, con un escrito de 161 páginas y una exposición que se extendió por más de una hora, el constitucionalista intentó instalar una idea central: que la acusación no cumple con los requisitos mínimos para seguir adelante.

Según planteó, los acusadores no logran demostrar una relación directa entre las decisiones adoptadas por Grau y las supuestas infracciones constitucionales que se le atribuyen, transformando diferencias sobre proyecciones fiscales en una responsabilidad personal del exministro.

La exposición fue seguida no solo por los integrantes de la comisión. Con el paso de los minutos comenzaron a llegar diputados que no forman parte de la instancia, interesados en escuchar una defensa que busca cerrar el debate antes de que éste entre al fondo del asunto.

La disputa por los votos en AC contra Grau

Sin embargo, mientras Zapata desplegaba sus argumentos jurídicos, fuera de la sala seguía desarrollándose otra discusión que podría resultar igual de importante para el futuro de la acusación: la de los votos.

Y es que a una semana de que el libelo llegue a la Sala de la Cámara, el Partido de la Gente continúa siendo una de las mayores incógnitas del proceso.

Esto luego que la diputada Zandra Parisi señalara que espera que el Senado rechace la acusación, a pesar de que a todas luces la postura de su partido ha sido a favor del libelo.

Aún así, la parlamentaria insistió en que la bancada analizará los antecedentes y adoptará una postura común antes de la votación.

Las señales de duda tampoco provienen únicamente del PDG.

En Renovación Nacional, partido que otorgó libertad de acción a sus diputados, la parlamentaria Ximena Ossandón se convirtió en la primera en adelantar que votará en contra de la acusación, marcando distancia de una ofensiva que sigue buscando apoyos para avanzar a la siguiente etapa.

La amenaza de la oposición a ministro Quiroz

Pero mientras algunos parlamentarios discuten el futuro de Grau, desde la oposición comenzaron a levantar una advertencia que podría abrir un nuevo flanco político.

Diputados del Partido Socialista y del Partido Comunista abrieron la puerta a una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a raíz de los recortes presupuestarios en áreas sensibles como Salud y Educación.

La ofensiva fue planteada por el diputado socialista Juan Santana, con el respaldo de los parlamentarios comunistas Luis Cuello y Daniela Serrano, quienes apuntan a que existirían antecedentes suficientes para avanzar en el libelo.

Asimismo, el diputado frenteamplista Jorge Brito sostuvo que si las diferencias entre proyecciones fiscales son consideradas motivo suficiente para una acusación constitucional, entonces el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, podría enfrentar el mismo estándar en el futuro.

Consultado por esa posibilidad, el propio ministro Quiroz evitó polemizar e insistió en que las acusaciones constitucionales forman parte de las facultades que la Constitución entrega al Congreso.

Así, la atención sigue puesta en la comisión revisora, ya que este miércoles será el turno de Mario Marcel, el único exministro de Hacienda que aceptó comparecer ante la instancia.

Pero a medida que se acerca la votación, la discusión parece ir mucho más allá del destino político de Nicolás Grau.

Lo que comienza a instalarse en el Congreso es una pregunta con efectos para futuras administraciones: si las diferencias en proyecciones económicas pueden transformarse o no en motivo suficiente para destituir a una autoridad.