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En un duro revés para el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime, por 24 votos contra 0, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco de la arista del Caso ProCultura vinculada al convenio suscrito entre la fundación del mismo nombre y el Gobierno Regional Metropolitano para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”.

La audiencia se desarrolló ante el pleno del tribunal de alzada capitalino, instancia en que el fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, abrió los alegatos sosteniendo que el desafuero era un requisito procesal indispensable para formalizar al gobernador y eventualmente solicitar medidas cautelares en su contra.

El persecutor precisó que la petición no implicaba una imputación definitiva ni una acusación anticipada, sino solo habilitar la persecución penal bajo el estándar de “indicios suficientes” de delito y participación.

Según expuso la fiscalía, Orrego habría incurrido en el delito de fraude al fisco en modalidad de administración desleal al aprobar en 2022 la transferencia de $1.686 millones a la Fundación ProCultura para ejecutar el programa de salud mental.

En ese sentido, Aguilar argumentó que existían antecedentes que daban cuenta de que la entidad no contaba con la experiencia técnica ni la capacidad financiera necesarias para implementar un proyecto de prevención del suicidio, pese a lo cual fue favorecida con una asignación directa de recursos públicos.

Además, el fiscal destacó como hecho central que, tras la transferencia de los fondos en noviembre de 2022, estos habrían sido invertidos en fondos mutuos por la fundación en lugar de ser ejecutados en el proyecto comprometido, lo que, a juicio del Ministerio Público, evidenciaría un perjuicio fiscal y una falta de control efectivo por parte de la autoridad regional.

Asimismo, planteó que la relación previa de más de una década entre Orrego y el director ejecutivo de Procultura, Alberto Larraín, junto con conversaciones entre funcionarios del Gobierno Regional y el propio Larraín antes de la firma del convenio, permitirían inferir un eventual concierto para favorecer a la fundación.

Por otra parte, mencionó mensajes de WhatsApp del gobernador que, según la fiscalía, podrían interpretarse como preocupación por la existencia de comunicaciones comprometedoras, configurando un indicio adicional de conocimiento previo de irregularidades.

De esta manera, Aguilar subrayó que el estándar exigido para el desafuero no es acreditar la culpabilidad, sino la existencia de antecedentes plausibles que justifiquen investigar penalmente a la autoridad, recalcando que el perjuicio no solo debía evaluarse en términos económicos, sino también sociales, al tratarse de recursos destinados a un programa de salud mental para población vulnerable tras la pandemia.

En tanto, la defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, solicitó rechazar la petición por estimar que no existían indicios serios de participación dolosa de Orrego en un eventual fraude.

El defensor sostuvo que el convenio se ajustó a las facultades legales del Gobierno Regional para efectuar transferencias de capital destinadas a fines de interés público y que el programa “Quédate” fue una iniciativa real para enfrentar la crisis de salud mental postpandemia.

Además, Colombara afirmó que no existe evidencia de que el gobernador conociera o autorizara el uso posterior de los recursos en instrumentos financieros, señalando que ese eventual desvío correspondería, en su caso, a decisiones propias de la entidad ejecutora.

En esa línea, añadió que, una vez detectadas irregularidades, el Gobierno Regional adoptó medidas como el término anticipado del convenio, la exigencia de restitución de fondos y la activación de pólizas de garantía, lo que resulta incompatible con la hipótesis de un acuerdo previo para defraudar al fisco.

También relativizó el valor incriminatorio de los vínculos personales y de los mensajes citados por la fiscalía, sosteniendo que no permiten inferir coordinación ilícita ni intención de encubrimiento, y que eventuales falencias podrían dar lugar, a lo sumo, a responsabilidades administrativas o políticas, pero no penales.

Así, tras oír a ambas partes, el pleno de la Corte resolvió de forma unánime rechazar el desafuero.

¿Qué pasará con Claudio Orrego?

La decisión que tomó el tribunal impide, por ahora, la formalización del gobernador y la eventual solicitud de medidas cautelares en su contra, aunque la investigación penal continúa en curso respecto de los demás imputados del Caso ProCultura.

Ante este escenario, desde la fiscalía, Cristian Aguilar señaló que esperarán la sentencia íntegra para evaluar eventuales acciones ante el máximo tribunal.

Por su parte, la defensa, Ciro Colombara, sostuvo que el fallo confirma la inexistencia de antecedentes para imputar responsabilidad penal al gobernador y que esperan avanzar hacia su sobreseimiento definitivo.

El pronunciamiento judicial también generó reacciones en el ámbito político. El consejero regional metropolitano del Partido Republicano, Ignacio Dulger, planteó que la decisión “no borra los hechos ni las responsabilidades determinadas por la Contraloría por faltas graves a la probidad”, agregando que el fallo solo descarta, por ahora, la existencia de dolo o participación penal del gobernador en el delito investigado respecto del principal imputado del caso.

De esta forma, confirmó que la destitución ante el TRICEL continúa.

Así, el rechazo unánime del desafuero abre un escenario complejo. Y es que la investigación penal sigue su curso, pero sin la posibilidad inmediata de formalizar al gobernador, quedando a la espera de los fundamentos que entregue la sentencia para determinar los próximos pasos procesales y políticos en uno de los casos más sensibles derivados del “Caso Convenios”.