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Este viernes es una jornada clave para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ya que en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se está llevando a cabo su formalización, se definirá su futuro procesal en medio de la denominada trama bielorrusa.

La exsuprema está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del conflicto entre Codelco y la empresa CBM.

Pese a que esta será la última jornada de este acto procesal penal, la de ayer estuvo marcada por la dura defensa de Vicanco.

La defensa de Ángela Vivanco

El tercer día de formalización estuvo marcado por duros cruces entre la defensa, el Ministerio Público y los querellantes, y dejó instaladas preguntas de fondo sobre los límites de la persecución penal cuando se trata de integrantes del Poder Judicial.

Desde el inicio, el abogado de la imputada, Jorge Valladares, optó por una estrategia frontal, apuntando no sólo a los hechos imputados, sino al origen mismo de la investigación.

Según planteó, la causa no nace de antecedentes levantados de manera autónoma por la Fiscalía, sino como una reacción institucional frente a información difundida por los medios de comunicación.

En ese contexto, Valladares utilizó una expresión que marcó la audiencia al hablar derechamente de una “camotera institucional”, para describir lo que, a su juicio, sería una persecución desordenada y motivada por presiones externas más que por evidencia sólida.

Asimismo, uno de los ejes centrales del alegato defensivo fue la crítica a la figura penal escogida por el Ministerio Público.

Y es que la defensa sostuvo que se está utilizando el delito de cohecho para evitar abordar directamente una eventual torcida administración de justicia, figura que exigiría estándares probatorios y responsabilidades distintas.

Bajo ese razonamiento, Valladares planteó que, si la imputación fuera coherente con los hechos descritos, no debería haber una sola persona sentada en el banquillo de los acusados, sino varios ministros que participaron en las decisiones cuestionadas.

En esa línea, la defensa fue más allá y sostuvo que el propio planteamiento de la Fiscalía llevaría inevitablemente a una conclusión incómoda para el sistema judicial.

A juicio del abogado, no sería razonable imputar a una sola exministra por resoluciones adoptadas de manera colegiada, sin extender la responsabilidad penal al resto de los integrantes de la sala que concurrieron con sus votos.

Otro flanco relevante del alegato defensivo fue el trato diferenciado que, según sostuvieron, habrían recibido otros involucrados en la causa. En particular, Valladares apuntó a la situación de Gabriel Silver, cuestionando que, pese a existir antecedentes que lo vinculan a los hechos investigados, incluyendo conocimiento previo de fallos y recepción de dinero, no esté formalizado ni enfrentando cargos penales.

Esa situación, para la defensa, debilita la credibilidad de la imputación y refuerza la tesis de una persecución selectiva.

La Fiscalía, en tanto, centró parte de su respuesta en defender la validez de la cooperación del imputado Eduardo Lagos, uno de los puntos más cuestionados por la defensa.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, explicó que dicha declaración fue solicitada por el propio abogado defensor de Lagos, en el marco de un acuerdo de cooperación suscrito formalmente con el Ministerio Público.

Por su parte, desde Codelco, en su calidad de querellante, el abogado Julián López reforzó la tesis de que no se trata de inferencias ni conjeturas, sino de una secuencia concreta y documentada de actuaciones que configurarían infracciones graves a los deberes del cargo.

Según expuso, Ángela Vivanco intervino activamente en la tramitación de recursos, alterando su curso normal, sin inhabilitarse pese a mantener vínculos personales con actores directamente interesados en las causas.

Además, recalcó que la exministra presidió la sala en todas las instancias relevantes en que se adoptaron decisiones contrarias a Codelco.

Así, la audiencia de este jueves dejó al descubierto dos lecturas completamente opuestas del caso. Para la defensa, se trata de una investigación apresurada, construida sobre inferencias, presiones institucionales y un uso impropio del derecho penal, orientada a dar una señal ejemplificadora.

En cambio, para la Fiscalía y los querellantes existe un patrón consistente de conductas que justificarían avanzar en la persecución penal, incluso cuando se trata de una exintegrante del máximo tribunal del país.

Por lo tanto, la resolución del magistrado Cristian Sánchez, que se conocerá este viernes, será clave no solo para el futuro procesal de Ángela Vivanco, sino también para fijar un precedente relevante respecto de hasta dónde puede llegar la responsabilidad penal por decisiones adoptadas al interior de tribunales superiores de justicia.