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En la antesala de los alegatos de la defensa, la causa contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entra en línea de fuego para definir el futuro procesal de la exmagistrada.

Y es que, superado el antejuicio constitucional de la querella de capítulos y con la formalización ya en curso por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, el debate dejó de centrarse en la validez del procedimiento y se trasladó de lleno al fondo de la imputación levantada por la Fiscalía Regional de Los Lagos.

El complejo panorama de la defensa de Ángela Vivanco

Hasta ahora, la estrategia defensiva ha estado marcada por una tesis de inocencia total y de desvinculación absoluta de los hechos investigados, insistiendo en que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público no constituyen prueba ni configuran delito.

Se trata de una línea que fue reiterada por el abogado defensor, Jorge Valladares, a la salida de la audiencia de este martes, cuando subrayó que lo exhibido por la Fiscalía “no son pruebas, sino antecedentes”, y que su validez sólo podría ser determinada en un eventual juicio oral.

Sin embargo, para expertos en derecho penal, ese margen defensivo aparece severamente reducido tras los antecedentes ya incorporados a la carpeta investigativa y las resoluciones previas de los tribunales.

En ese sentido, Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, cuestionó duramente la estrategia defensiva de Ángela Vivanco, advirtiendo que la tesis de inocencia y desvinculación de los hechos “ya se cayó”, frente a los antecedentes expuestos.

A su juicio, insistir en esa línea durante los alegatos no sólo carece de credibilidad, sino que anticipa un escenario adverso inmediato para la exministra, con una alta probabilidad de prisión preventiva.

En ese contexto, Riego planteó que los verdaderos desafíos de la defensa no estarían en la audiencia próxima, sino en la etapa posterior del proceso.

Por su parte, desde una mirada técnica, el académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, advirtió que la defensa deberá hacerse cargo de manera concreta de los principales ejes de la imputación y no limitarse a relativizar los antecedentes expuestos por la Fiscalía.

Según explicó, existen dos grandes grupos de hechos que la defensa está obligada a enfrentar en sus alegatos.

El primero se relaciona con el delito de cohecho. Es decir, la eventual realización u omisión de actos propios del cargo de ministra de la Corte Suprema a cambio de pagos o beneficios económicos, lo que exige una tesis alternativa respaldada por antecedentes y no solo una negación general.

En tanto, el segundo eje, y uno de los más complejos, dice relación con el lavado de activos, particularmente por el nivel de detalle con que el Ministerio Público ha descrito el destino y la administración del dinero, incluyendo movimientos bancarios, uso de cuentas corrientes, tarjetas de crédito y divisas extranjeras.

En ese contexto, uno de los puntos más sensibles de los alegatos será la solicitud de prisión preventiva.

La defensa ya ha adelantado que buscará oponerse a esa medida invocando antecedentes médicos, edad y condiciones personales de la exmagistrada, con el objetivo de persuadir al tribunal de que existen cautelares menos gravosas que cumplirían el mismo fin.

No obstante, los expertos coinciden en que el análisis del tribunal no puede abstraerse del cargo que ejerció Vivanco como exministra de la Corte Suprema.

De esta manera, la gravedad de los delitos imputados, la reiteración de las conductas y el impacto institucional del caso elevan el estándar con el que se evalúa la necesidad de cautela.

De hecho, para Riego, el escenario que se abre es, incluso, más complejo. Los desafíos vendrían después, y tienen que ver con “la posibilidad de que ella colabore”, señala, apuntando a que cualquier eventual cooperación con la Fiscalía dependerá de la existencia de nueva información relevante sobre otros hechos o intervinientes.

Así, con los alegatos a la vista, la defensa de Ángela Vivanco enfrenta un escenario condicionado por resoluciones ya adoptadas y por un relato fiscal que ha logrado superar el estándar de plausibilidad exigido en esta etapa procesal.