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La formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, marcó un hito inédito en la historia judicial del país.

Por primera vez, una exintegrante del máximo tribunal fue llevada ante un juez de garantía para enfrentar cargos penales por cohecho reiterado y lavado de activos, en una causa que investiga presuntas intervenciones judiciales irregulares en litigios millonarios contra Codelco. Esto, a cambio de beneficios económicos.

La audiencia, correspondiente al primer día de formalización, estuvo centrada en la exposición del Ministerio Público, que desplegó una extensa y minuciosa reconstrucción de hechos ocurridos entre 2023 y 2024, principalmente en torno al litigio del Consorcio Bielorruso Belaz-Movitec (CBM) contra la cuprífera estatal.

La reconstrucción de los delitos que se le acusan a Ángela Vivanco

Según la Fiscalía, Vivanco, cuando integraba y presidía subrogantemente la Tercera Sala de la Corte Suprema, habría utilizado su posición institucional para acelerar, influir y direccionar resoluciones judiciales favorables a la empresa CBM, pese a mantener vínculos personales con los abogados patrocinantes y a tener un interés indirecto en el resultado económico de las decisiones.

Uno de los ejes centrales de la imputación fue la tramitación del recurso de protección que terminó con un fallo adverso para Codelco en julio de 2023.

En ese sentido, se sostuvo que la causa fue incorporada fuera de tabla, con gestiones internas irregulares, contacto con relatores y conocimiento anticipado del sentido del fallo, que finalmente permitió destrabar pagos millonarios con cargo a fondos públicos.

Posteriormente, el Ministerio Público detalló una serie de actuaciones judiciales posteriores, aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y un recurso de queja, que ampliaron progresivamente los montos a pagar por Codelco, hasta alcanzar una cifra superior a $5.400 millones.

Estas resoluciones, según la imputación, no solo se apartaron de criterios jurisprudenciales consolidados, sino que, además, se dictaron en un contexto de reiteradas solicitudes de los abogados de CBM, varias de ellas rechazadas previamente por cortes inferiores.

La ruta del dinero

En paralelo, la Fiscalía dedicó buena parte de la audiencia a describir lo que calificó como una ruta del dinero destinada a ocultar el origen ilícito de los pagos.

De acuerdo con la imputación, los fondos no habrían llegado directamente a Vivanco, sino que fueron canalizados a través de su pareja, Gonzalo Migueles Oteiza, mediante una compleja operatoria que incluyó: transferencias electrónicas, giros de cheques, compra de dólares en casas de cambio, fragmentación de operaciones, pagos en efectivo, y depósitos bancarios sin respaldo patrimonial suficiente.

Parte de esos recursos, sostuvo el ente persecutor, habrían sido utilizados para pagar tarjetas de crédito internacionales de la exministra, financiar viajes al extranjero y adquirir divisas fuera del país.

En este contexto, el Ministerio Público incorporó como prueba de contexto una fotografía tomada en Buenos Aires, en la que se observa dinero en efectivo dispuesto sobre una cama durante un viaje realizado tras una de las resoluciones judiciales clave.

Por su parte, a la salida de la audiencia, el defensor Jorge Valladares cuestionó duramente el valor probatorio de la fotografía exhibida por el ente persecutor, descartando que la imagen permita sostener la existencia de un delito.

El abogado agregó que la vinculación que pretende hacer la Fiscalía es “incompleta” y carece de entidad penal, señalando, además, que el monto observado en la imagen no sería significativo si se considera el contexto económico del viaje.

Durante la audiencia, la Fiscalía también relevó conductas posteriores atribuidas a Vivanco, como el borrado de conversaciones, el reseteo de dispositivos electrónicos y la solicitud a su secretario personal para eliminar mensajes antes de entregar los teléfonos a las policías, lo que fue presentado como un riesgo concreto para el éxito de la investigación.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la exministra, argumentando la gravedad de los delitos, su reiteración, las altas penas asociadas, que en el caso del cohecho pueden llegar hasta 20 años de presidio, y el impacto institucional de que los hechos hayan sido cometidos por una exintegrante del máximo tribunal.

En esa línea, la persecutora confirmó que, junto con la orden de detención, se solicitó una orden de registro e incautación, principalmente de elementos tecnológicos, cuyo contenido será analizado durante la investigación.

En cuanto a los montos, indicó que existen pagos individualizados por cada hecho, con cifras de $70 millones y $45 millones, estimando un total cercano a $115 millones, sin descartar que surjan nuevas formalizaciones, ya que la investigación sigue en curso.

La primera noche de la exsuprema “en tránsito”

En medio de este escenario, Angela Vivanco pasó su primera noche detenida “en transito” a la espera de la resolución de sus cautelares, y lo hizo inaugurando el “capitan yaber de mujeres”, el anexo penitenciario del recinto penal de San Joaquín que la tendrá separada del resto de internas.

En tanto, la audiencia va a continuar esta jornada con la intervención de los querellantes, entre ellos Codelco y el Consejo de Defensa del Estado, mientras que la defensa expondrá sus argumentos el jueves.

La resolución sobre la prisión preventiva quedó fijada para el viernes, en lo que puede ser el dia historico en que una exministra de la corte suprema quede en prisión preventiva