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La trama bielorrusa dejó de ser un caso acotado al Poder Judicial y se transformó en un entramado que alcanza de lleno al Congreso.

Durante el fin de semana, una serie de antecedentes terminó por dibujar un escenario donde los hilos del caso se tensan cada vez más, y donde el rol del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, vuelve a situarse en el centro de la controversia.

Trama bielorrusa de lleno en el Congreso

Uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista al senador Matías Walker (Demócratas), luego de que el medio Reportea revelara un documento del Banco BCI, incorporado a la carpeta investigativa del caso que dirige la Fiscalía de Los Lagos, que da cuenta de una transferencia de $1,6 millones, realizada por Yáber en mayo de 2024.

El detalle, que solo se conoció tras las aclaraciones exigidas por la fiscalía a la entidad bancaria, dejó en evidencia que la operación se registró a nombre del hijo del parlamentario.

Ante esto, Walker reconoció de inmediato la transferencia y sostuvo que se trató de una ayuda económica de un “amigo de años” para costear parte de un pasaje aéreo, descartando cualquier intento de influir en su labor legislativa o relación con campañas políticas.

Sin embargo, la revelación abrió un flanco complejo, ya que el nombre de Yáber aparece reiteradamente asociado a gestiones, pagos y presiones dentro del caso Muñeca Bielorrusa y también en la investigación por tráfico de influencias vinculada al exministro Antonio Ulloa.

El capítulo parlamentario no terminó ahí. También se conoció que el senador Pedro Araya (PPD) habría llamado al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para intentar frenar una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

Según Reportea, Araya defendió la honorabilidad del magistrado, lo calificó como “honesto” y “progresista”, y solicitó desactivar el libelo.

De todas maneras, Elizalde negó categóricamente esta versión, asegurando que “esa información no es efectiva” y que Araya no ha conversado con él sobre este asunto.

El propio senador Araya respondió que sus comunicaciones con el ministro se han referido exclusivamente a temas nacionales y a asuntos de la Región de Antofagasta, no a la situación de Simpertigue.

Estos antecedentes se suman al episodio revelado la semana pasada, donde se informó que Yáber también habría pagado $1,7 millones al diputado Cristian Araya (Partido Republicano), con el supuesto objetivo de influir en la acusación constitucional contra el exministro Ulloa.

Las interceptaciones telefónicas del OS7 muestran conversaciones donde Yáber habla de “amarrar” al diputado para asegurar el respaldo de su bancada. Asimismo, se refiere a la entrega de antecedentes contra los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, con fines de desprestigio. Ambos parlamentarios ya ingresaron una denuncia formal ante la fiscalía.

Frente a ello, el diputado Cristián Araya negó tajantemente haber recibido pagos y recordó que votó a favor de la destitución de Ulloa.

Por su parte, su tienda política lo respaldó, atribuyendo las menciones a “fanfarronerías” de terceros involucrados en ilícitos. En tanto, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, fue aún más explícito, acusando de medio “activista” a CIPER.

Crisis en el Poder Judicial

Mientras el Congreso intentaba contener el golpe, el Poder Judicial enfrentaba su semana más turbulenta desde el inicio del caso.

La Corte de Apelaciones de San Miguel decidió suspender temporalmente del cargo al propio Yáber, a raíz de los antecedentes recopilados en las interceptaciones telefónicas y su condición de imputado en la causa que indaga traspasos de dinero entre la exministra suprema Ángela Vivanco y los abogados del consorcio Belaz-Movitec.

El sumario administrativo, instruido por la fiscal judicial Carla Troncoso, se abrió hace unas semanas, pero la acumulación de nuevos antecedentes terminó por empujar la medida.

A este escenario se sumó otro golpe institucional: la creciente presión sobre el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quien enfrenta un sumario por viajes realizados junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos formalizados y en prisión preventiva.

Simpertigue tomó vacaciones justo cuando se intensificaban los cuestionamientos, al mismo tiempo que un nuevo equipo legal y comunicacional comenzaba a asesorarlo.

El ministro reconoció dos viajes, un crucero por el Mediterráneo en 2023 y otro por el Báltico en 2024, en los que coincidió con Lagos, aunque aseguró que fueron organizados por sus respectivas esposas.

La investigación del fiscal judicial Jorge Pizarro analiza si estos viajes podrían constituir delitos de cohecho o tráfico de influencias, especialmente considerando que uno de ellos ocurrió apenas días después de un millonario pago de Codelco al consorcio representado por Lagos.

En tanto, este lunes será una jornada decisiva. Hace días, los diputados Manouchehri y Cicardini anunciaron que hoy ingresarían la acusación constitucional contra el ministro, y fuentes que han conversado con él sostienen que la presentación del libelo podría ser determinante para una eventual renuncia.

Existen dos posiciones: algunos expertos, entre ellos la exministra del Tribunal Constitucional Marisol Peña, señalan que la acusación no debiera presentarse antes de que concluya la investigación que ya lleva adelante el fiscal Pizarro.

Otros advierten que, incluso, si Simpertigue renuncia, esto no tendría efecto hasta que finalice el sumario.

En paralelo, este lunes, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la apelación a la prisión preventiva de Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, en una jornada que vuelve a poner todos los focos sobre la trama bielorrusa y sus múltiples ramificaciones.