Escalan las tensiones: los efectos tras interceptación de llamada de Presidente Boric por ProCultura

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La polémica por la interceptación a una llamada del Presidente Gabriel Boric, en el marco del caso ProCultura, sigue generando repercusiones en el mundo político y discusiones en el marco jurídico, agudizando las tensiones en La Moneda y el Ministerio Público.

Esto, luego que Ciper publicara un reportaje que confirma que el mandatario fue grabado en una conversación telefónica con la psiquiatra Josefina Huneeus por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Esto, posterior a que el tribunal hubiera rechazado intervenir directamente el teléfono del jefe de Estado.

La llamada se dió en el contexto del “pinchazo” al teléfono de Huneeus y otros 16 números telefónicos que estaban en una lista para ser investigados por orden del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lleva la investigación del caso Procultura.

Fiscalía e interceptación de llamada de Presidente Boric

Frente a esta situación, el fiscal Cooper se pronunció públicamente por primera vez a la salida de la tercera jornada de recepción de pruebas relacionadas con el Caso ProCultura, en la que diversos parlamentarios del oficialismo habían solicitado formalmente su remoción de las investigaciones.

Sin embargo, Cooper evitó abordar en detalle el contenido de la conversación telefónica que había sido interceptada, manteniéndose en silencio sobre los aspectos específicos de la grabación.

Su actitud evasiva respecto a este tema es consistente con la postura adoptada por la Fiscalía en general, que ha optado por guardar silencio sobre los detalles de las pruebas que se están recabando.

A pesar de este hermetismo, esta fue la primera vez en que el fiscal regional de Coquimbo se dirigió a la prensa en el contexto de la investigación, lo que generó un notable interés en los medios, especialmente dado el alto perfil político de los implicados en el caso.

De esta manera, su declaración, aunque fue breve, se sumó a las crecientes tensiones dentro del Ministerio Público y la controversia que ha generado su manejo de casos sensibles como ProCultura y Sierra Bella.

Caso ProCultura

Procultura es una investigación que se encuentra en su fase final, antes de ser formalizada en tribunales, y que ha captado gran atención tanto en el ámbito político como judicial debido a la magnitud de los posibles delitos involucrados.

En este proceso, se indagan posibles actos de lavado de activos y fraude al fisco en relación con la administración de una cantidad significativa de recursos públicos, que asciende a cerca de $6 mil millones. Estos fondos fueron entregados a la Fundación Procultura por diversas entidades públicas, lo que ha generado serias dudas sobre la legalidad y transparencia en el uso de dichos recursos.

La investigación se ha centrado en la forma en que la fundación, bajo la dirección de su entonces presidente, Alberto Larraín, quien también se identificaba como “amigo del presidente”, habría gestionado estos fondos a través de contratos con secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y con gobiernos regionales, lo que ha levantado sospechas sobre la existencia de posibles irregularidades.

La cercanía de los principales actores del caso con figuras políticas de alto nivel, incluidos contactos con el propio Presidente Boric, ha añadido una capa de complejidad política y mediática a esta investigación, lo que mantiene en vilo tanto a la ciudadanía como a los involucrados.

Discusión política y jurídica

En medio de este escenario y la interceptación de la llamada del jefe del Estado, el abogado y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Leonardo Moreno, puso el foco en los estándares jurídicos y señaló que, aunque sea el mismo presidente, la ley no establece distinción de autoridades.

En tanto, el exfiscal y académico de la Universidad Finis Terrae, Ignacio Pinto, sostuvo que la grabación podría carecer de validez legal tras la negativa del tribunal de permitir la interceptación del teléfono del mandatario.

Por otra parte, recordar que el Cooper está enfrentando un proceso ante la corte suprema, que fue solicitado por diez parlamentarios del oficialismo para ser removido de su cargo y dejar las investigaciones que lleva hasta ahora, entre ellas Sierra Bella, Chinamart, Procultura, Casa Allende, entre otras.

Ante esto, el exfiscal y académico de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, advirtió sobre los riesgos institucionales que implica el uso de herramientas intrusivas sin criterio claro, sobre todo en el contexto que enfrenta el persecutor de Coquimbo.

Por otro lado, desde el Congreso, el diputado Andrés Longton (RN), quien presidió la comisión investigadora del caso, no descartó iniciar una segunda comisión.

En paralelo, el su par, Andrés Celis (RN), anunció que presentará una querella en 15 días por la entrega de recursos públicos a la Fundación ProCultura sin concurso.

Según el informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, se detectó la entrega directa de fondos a diversas fundaciones, incluidas ProCultura, sin los procedimientos adecuados.

En ese sentido, Celis destacó que la querella solicitará diligencias al fiscal a cargo, Patricio Cooper, y mencionó la posibilidad de que el Presidente Boric sea citado, dado su vínculo cercano con el director de la fundación.

En tanto, el oficialismo llamó a actuar con cautela. Por ejemplo, el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, apuntó a la necesidad de resguardar la legalidad y evitar juicios prematuros.

La conversación interceptada aún no ha sido desechada ni validada formalmente como prueba. Y mientras el Ministerio Público mantiene el hermetismo, aumentan las tensiones entre el Ejecutivo, el Congreso y la Fiscalía.