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El Tribunal Constitucional destituyó a la senadora Isabel Allende por la polémica compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Luego de más de 3 décadas en el Congreso, fue cesada tras requerimientos de Chile Vamos y el Partido Republicano. Allende inició como diputada en 1994, fue presidenta del Senado en 2014 y reelegida como senadora en 2018. La compra de la casa de su padre desató una crisis política al descubrirse su participación en la propiedad. El fallo no fue unánime, pero 8 ministros la destituyeron. El PS se blindó ante la noticia, mientras Chile Vamos y el Partido Republicano celebraron. Allende defendió su integridad y aseguró haber actuado de buena fe.
En lo que ha sido denominado como un fallo histórico, este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) cesó del cargo a la senadora Isabel Allende (PS), debido a la polémica compra de la casa de Guardia Vieja de su padre, el expresidente Salvador Allende.
De esta manera, luego de más de tres décadas cumpliendo funciones en el Congreso, la parlamentaria socialista fue destituida.
Isabel Allende comenzó su carrera como diputada en el año 1994 y se mantuvo en el cargo hasta el año 2010, cuando es electa senadora por la región de Atacama. Asimismo, en 2018 reelecta esta vez por Valparaíso.
Otro hito que marca su paso por el Congreso es que fue la primera mujer en presidir el Senado, en 2014.
Sin embargo, su trayectoria y destacada carrera política termina con una mancha, producto del fallo del TC, después de los requerimientos ingresados por los representantes legales de parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, para removerla de su cargo
Según confirmaron fuentes de La Radio, la decisión no fue unánime, pero sí mayoritaria, ya que habrían sido ocho los ministros del Pleno del Tribunal Constitucional los que determinaron remover de su cargo a Allende.
Cronología del intento de compra de la casa de Allende
Lo que comenzó como un proyecto patrimonial, terminó convirtiéndose en una crisis política.
El 31 de diciembre de 2024, el gobierno anunció la adquisición de la casa donde vivió el expresidente Salvador Allende, en Guardia Vieja, Providencia, con el objetivo de transformarla en un museo.
Sin embargo, sólo tres días después, el 3 de enero de 2025, el Ejecutivo dio pie atrás a la compra tras conocerse que dos de los cuatro copropietarios de la vivienda eran la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa de ese entonces, Maya Fernández Allende, hija y nieta del ex mandatario, respectivamente.
Esto generó cuestionamientos legales y constitucionales, ya que la Carta Magna prohíbe a altas autoridades del Estado celebrar contratos con este.
El Estado iba a pagar $933 millones (aproximadamente 922 mil dólares) por la propiedad, comprada por Allende junto a su esposa en 1953 y habitada por la familia hasta 1971.
De esta forma, la situación escaló rápidamente y el Presidente Gabriel Boric pidió la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien había encabezado el anuncio.
Posteriomente, desde la oposición anunciaron su intención de acudir al Tribunal Constitucional para pedir el cese de ambas autoridades por haber infringido la Constitución.
Así, en el caso de Maya Fernandez, el requerimiento no avanzó, Pero Isabel Allende no corrió con la misma suerte.
Las reacciones políticas por destitución de la senadora
En primer lugar, los cuestionamientos al gobierno por este caso se enmarcan en gran parte por la acusación de algunos personeros del oficialismo de “manchar el nombre” del expresidente Allende.
Lo anterior fue consultado a la ministra vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, quien, durante la noche, expresó su preocupación por el fallo del TC, señalando que sería una pérdida significativa tras más de tres décadas de trabajo legislativo en defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.
Además, enfatizó que el Ejecutivo respeta la autonomía del Tribunal Constitucional y reconoció errores administrativos en el proceso, lo que llevó a la instrucción de sumarios y una investigación en Fiscalía.
Sin embargo, reiteró que la destitución de una senadora electa democráticamente es una situación delicada.
Sobre las críticas de la oposición y sectores del oficialismo, la ministra defendió que el gobierno no ha dañado el legado de Salvador Allende y que este se refleja en su compromiso con la democracia.
Ahora, eespecto a la unidad del oficialismo, aseguró que han enfrentado momentos difíciles, pero que la cohesión ha sido su fortaleza.
Por su parte, desde el Partido Socialista, colectividad de la senadora, se blindaron, señalando que aún no se conoce el fallo de forma oficial.
Así lo mencionó la presieda del PS, Paulina Vodanovic, y el secretario general, Camilo Escalona.
En tanto, hubo molestia en el partido, según fuentes de La Radio, por las declaraciones del diputado Daniel Melo, quien se adelantó a las autoridades de la colectividad y sostuvo que este fallo era una celebración para la extrema derecha y también para el Frente Amplio.
El diputado hace referencia a la conformación del Pleno del TC, que tiene a dos de sus ministras designadas por el jefe de Estado, entre ellas la presidenta, que habría votado, según lo que ha trascendido, a favor del cese del cargo de la senadora.
Celebra la derecha
Por el contrario, En Chile Vamos y el Partido Republicano celebraron esta noticia.
Por ejemplo, el abogado representante de los parlamentarios de Chile Vamos, Maximo Pavez, sostuvo nuevamente que si hubo una celebración de contrato con el fisco
En tanto, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, destacó que esta decisión es inédita. Asimismo, señaló que este caso aún no está cerrado y exigió que el Presidente Gabriel Boric aclare su grado de responsabilidad en la compra de la propiedad.
Isabel Allende y su destitución
La senadora Allende difundió un comunicado de prensa donde expresó su pesar ante la posible decisión del Tribunal Constitucional, señalando que su familia siguió todas las indicaciones legales en la compra del inmueble, la cual nunca se concretó.
También, afirmó que actuaron de buena fe y que jamás recibieron dinero por un proyecto que no prosperó, aunque estos argumentos no fueron considerados por la mayoría del tribunal.
De la misma manera, recalcó que el fallo no afecta el legado de Salvador Allende, el cual seguirá vivo en la memoria colectiva, en calles y plazas de Chile y el mundo.
Además, defendió su trayectoria de más de 30 años en el servicio público, asegurando que nunca utilizó su cargo para beneficio personal y que siempre ha respetado la Constitución y las leyes.
Finalmente, agradeció las muestras de apoyo y reafirmó su convicción de haber actuado con total integridad.
Y es inevitable comenzar a preguntarse, cuál es el grado de culpabilidad que tiene el gobierno en todo esto, hay parlamentarios del PS sobre todo que ya piden explicaciones a la moneda por la salida no solo de la senadora, sino que también de Maya Fernández