A 2 años de inundaciones en el Maule: empresarios acusan que el Estado no ha pagado servicios de 2023

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Un reportaje de la Unidad de Investigación de La Radio reveló que empresarios que prestaron servicios en medio de la catástrofe por las inundaciones registrada en la región del Maule, en 2023, llevan casi dos años esperando los pagos que se les deben.

Se trata, básicamente, de dueños de empresas que facilitaron sus máquinas para el despeje de las zonas mayormente afectadas por las intensas precipitaciones que se dejaron sentir en ese entonces.

De esta manera, a más de 540 días de efectuar los trabajos, los contratistas aún no reciben los pagos por sus servicios, los que ascenderían a más de $1.100 millones: $780 millones corresponderían a la comuna de Curepto y $450 millones a Vichuquén.

Uno de los afectados es Rubén Illesca, quien conversó con La Radio y señaló que, “en ese tiempo, a nosotros nos dijeron que nos iban a cancelar a treinta días, cosa que no ha sucedido. Ya llevamos dos años. En ese lapso, uno a veces hace un llamado y nos dicen que nos van a pagar a fin de mes. Ahora ya se acortaron los plazos, dicen que cada semana nos pagan, pero nunca ha llegado el 100%”.

Además, confirmó que -a pesar del tiempo-, ya les confirmaron que no aplicarán los reajustes, entendiendo la devaluación del peso chileno.

Ante esta situación, uno de los primeros en levantar la voz fue el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien aseguró que “hemos oficiado en dos oportunidades, pidiendo información respecto a esto, queremos saber cuánto se les debe y cuáles son los plazos y formas de pago que se van a establecer, extraoficialmente hemos sabido que son cerca de $1.500 millones”.

“Lo que vamos a hacer una vez que se pague, porque entendemos que esto está en Contraloría y en tramitación, pero una vez que se pague vamos a hacer las denuncias que corresponden”, agregó.

Asimismo, el parlamentario agregó que esto podría configurarse como un “enriquecimiento ilícito”, acusando que el Estado se ha beneficiado de los particulares en este caso puntual.

Consultado sobre este escenario, el delegado presidencial regional del Maule, Humberto Aqueveque Díaz -por medio de un escrito-, señaló que “actualmente el proceso de pago de los trabajos por proveedores desarrollados durante la emergencia se encuentra en toma de razón por parte de la Contraloría General de la República”.

“El retraso se debe principalmente a que fue necesario reconstruir gran parte de las carpetas, ya que desde el punto de vista administrativo fue necesario tomar contacto con los equipos municipales y en conjunto hacer un trabajo que permitiera revisar la documentación acorde a los requisitos del sistema de rendición financiera”, añadió.

También, la autoridad agregó que “por otro lado, se generaron convenios de transferencia que se firmaron en diciembre con los municipios respectivos. Este mecanismo es el que va a permitir que la Delegación Presidencial Regional pueda transferir los recursos a los municipios para el pago a los proveedores”.

No obstante, según un estudio publicado en junio de 2024, la fintech chilena Duemint, especializada en gestión de cobranza, reveló que las micro, pequeñas y medianas empresas siguen enfrentando dificultades por los retrasos en el pago de sus facturas, lo cual afecta su sostenibilidad financiera.

De acuerdo a la medición, en comparación, las pequeñas empresas reciben sus pagos en 39.6 días, las medianas en 38.2 días, y las grandes empresas en 47 días.

Ante esto, el abogado y docente de Derecho Administrativo del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma, Alexander Linford, planteó la necesidad avanzar en tres materias que permitan agilizar los procesos de pago para los pequeños y medianos empresarios.

“La creación de un fondo de emergencia que permita a las pymes recibir anticipos, mientras se concretan los trámites administrativos”; “establecer plazos máximos de pago, con sanciones por incumplimientos”; y “una simplificación administrativa que conlleve la reducción de la burocracia, la rendición de cuentas y aprobación de pagos”, dijo.

Cabe mencionar que, en 2019, entró en vigencia la ley 21.131, también conocida como “Ley de Pago a 30 Días”, que establece que las empresas deben pagar sus facturas dentro de 30 días corridos desde su recepción y aplica a todas las empresas que emitan y reciban facturas en Chile, sin distinción por tamaño o rubro.

Si bien la ley aplica para el Estado, hay que precisar que se puede establecer un plazo mayor en las bases de licitación o contratación directa.