"Nos han mentido en la cara": la deuda del Estado que ahoga a contratistas por inundaciones de 2023

Danyel Zúñiga (28) llevaba años “sacándose la cresta” trabajando para llegar a donde estaba en agosto de 2023: dueño de su propia empresa de ingeniería y construcción, con proyectos pendientes, maquinaria y empleados. Una situación estable, con un buen futuro. Había empezado vendiendo “detallitos” en la feria de Curicó, utilizando la plata que ganaba de forma inteligente, invirtiéndola para el próximo negocio. Estaba contento y tranquilo con lo que había logrado fruto de su esfuerzo.

Sin embargo, su vida dio un vuelco en el invierno de 2023, cuando Vichuquén, Curepto y otras comunas del Maule se inundaron a consecuencia de las lluvias torrenciales que las azotaron.

Su trabajo, al igual que el de otros contratistas, fue requerido de inmediato: se necesitaba retirar los escombros, sacar la basura de adentro de las casas, reparar el puente colgante de Licantén, habilitar caminos, cortar árboles, secar los colegios, etc.

Para ello, los pequeños empresarios invirtieron rápidamente en la contratación de personas, el arriendo de maquinaria y la compra de material, trabajando a diario para lidiar con la catástrofe, con la promesa de que se les pagaría en 30 días.

Pese a esto, y a más de 540 días de haber materializado los servicios, siguen esperando que les lleguen los millones que les deben, con varios de ellos habiéndose endeudado para pagar lo gastado, pidiendo créditos, cambiando de rumbo, gastando sus ahorros de años de trabajo e incluso quebrando.

Habían proveedores que antes tenían camiones, maquinarias, y ayer estaban vendiendo empanadas en la plaza de Vichuquén”, expresó Danyel en conversación con Radio Bío Bío, afirmando que desde la Delegación Presidencial del Maule se han “reído” de los contratistas, dándoles distintas fechas de pago que no se han cumplido, y sin recibirlos hace meses, misma situación descrita por varios de los afectados. “Sabemos que nos están mintiendo”, comentaron.

Consultados por la situación, Humberto Aqueveque Díaz, delegado presidencial, explicó que el proceso de pago se encuentra actualmente en toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Con ese trámite listo, se transferirán los recursos a la Delegación Presidencial Regional y se podrán realizar los pagos.

“El retraso se debe principalmente a que fue necesario reconstruir gran parte de las carpetas, ya que desde el punto de vista administrativo fue necesario tomar contacto con los equipos municipales y en conjunto hacer un trabajo que permitiera revisar la documentación acorde a los requisitos del sistema de rendición financiera y, por otro lado, se generaron convenios de transferencia que se firmaron en diciembre con los municipios respectivos. Este mecanismo es el que va a permitir que la Delegación Presidencial Regional pueda transferir los recursos a los municipios para el pago a los proveedores”, explicó.

Pero después de varias comunicaciones similares por parte de la autoridad regional, los trabajadores no le creen.

“Estamos mal”

Rabia. Impotencia. Frustración. Agotamiento. Decepción. Esas son las palabras con las que los proveedores que trabajaron en las inundaciones de 2023 han descrito su situación actual.

Conversando con los contratistas, explicaron que desde la tragedia, han tenido que trabajar el triple de lo que hacían antes, de lunes a lunes, para poder mantenerse a flote con el nivel de deuda. Algunos tienen sus máquinas paradas desde las inundaciones y no han podido trabajar en el rubro para el que se prepararon.

Danyel, por ejemplo, tiene proyectos adjudicados que no ha podido empezar, al necesitar esa plata que se le debe para el desarrollo de estos. “Hemos tenido que salir a vender”, comentó. “Hay gente que está muy mal, que tuvo que vender sus máquinas, que tuvo que venderlo todo, gente que ha trabajado toda su vida, que tienen familia y no le han podido dar lo que necesitan a sus hijos, que no les pudieron dar regalos de Navidad”, añadió.

El relato se repite con cada contratista contactado. “¿Qué hago yo ahora? ¿Seguir rezando? ¿Cómo pago yo lo que debo?”, comentó desesperada una proveedora, que -asegura- no ha podido realizar nuevos proyectos desde la catástrofe. “Estamos totalmente desamparados”, agregó.

El diputado Jorge Guzmán Zepeda (Evópoli), por el Distrito 17 de la Región del Maule, calificó lo debido por el Estado como una “deuda inmoral” y solicitó el pasado 17 de diciembre que se oficie a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales, y al delegado Aqueveque, para que remitieran un informe detallado en que se señalara cuánto se debe a cada contratista, los servicios prestados y cómo se les pagará prontamente. Hasta el cierre de esta edición, no ha tenido respuesta.

“Nos han mentido en la cara”

El 23 de agosto de 2024, el medio regional VLN Radio comunicó que el Delegado Presidencial aseguró estar avanzando en los pagos de los trabajos realizados durante las inundaciones. En la nota, Aqueveque aseguró que se estaba terminando ya con el primer convenio para la regularización de pagos de trabajos de emergencia, que la primera comuna era la de Curepto, y la seguiría Vichuquén. Asimismo, la autoridad regional insistió en que “este proceso no está abandonado. (…) Esperamos ya la próxima semana tener novedades con la firma de este convenio, que permitirá regularizar y transferir los recursos al municipio para el pago de los proveedores”.

Sin embargo, los contratistas leyeron la publicación con escepticismo, y es que ya llevaban un año escuchando frases como “pagaremos la próxima semana”, “en dos días más llegarán las platas” y “a principios del siguiente mes se transferirán”. Lo último que se escucharon, fue que se les transferiría el próximo 14 de febrero, pero no tienen expectativas.

Desde las autoridades, la comunicación ha sido vaga, se les han dicho distintas cosas a cada proveedor y no hay un canal claro para las consultas. Algunos indican que desde una reunión mantenida en noviembre con Aqueveque en que se les dijo que se les pagaría durante los siguientes tres días –cosa que no ocurrió–, no han recibido más noticias, y que no les contestan ni el teléfono ni el correo. Así, los proveedores afirman que les han mentido repetidamente en la cara. “Es una impotencia tan grande”, describió una de las afectadas. “Nos pasaron a llevar, no les importamos y no me puedo defender”, confesó.

Así también lo apuntó el diputado Guzmán en una publicación en Instagram realizada hace dos meses, en que escribió: “El gobierno debe pagar su deuda, dejar de mentirle a los Maulinos y hacer la pega de una buena vez”.

Por su parte, Fernando Alcántara, alcalde de Curepto, quien asumió hace alrededor de 60 días, afirmó que consultó a la Delegación Presidencial respecto a los montos, que debiesen ser traspasados al municipio para poder entregarse a los trabajadores.

De acuerdo al alcalde, en un correo enviado por el delegado Aqueveque el 3 de febrero, se indicó que el plazo fatal para la toma de razón es el 14 de febrero, y que una vez que llegue la resolución de la Contraloría, se transferirá el mismo día o el siguiente día hábil. Consultados por Radio Bío Bío, desde Contraloría afirmaron que está en análisis para la toma de razón, pero que ingresó el 7 de febrero, habiendo un plazo de 15 días hábiles normalmente para realizar el trámite. Por su parte, desde la Delegación Presidencial del Maule negaron haber enviado correo alguno.