Los detalles de la audiencia de desafuero de la diputada Pérez: "Elementos objetivos y precisos..."

El Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en una votación unánime, concedió el desafuero contra la diputada Catalina Pérez (exFA), el que fue solicitado por el Ministerio Público y secundado por los querellantes del caso Democracia Viva.

Cabe mencionar que la parlamentaria está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Antofagasta como posible autora del delito reiterado de fraude al fisco, por su presunta intervención en la firma de los tres convenios que suman un total de $426 millones provenientes del Ministerio de Vivienda y su Programa de Asentamientos Precarios.

De esta manera, la resolución del Tribunal Pleno pone un paso más cerca a la diputada Pérez de su inminente formalización.

Catalina Pérez apuntada por presunto fraude al fisco

Fue el 19 de diciembre del año pasado que la Fiscalía de Antofagasta solicitó el desafuero de la parlamentaria, ya que considera que existen pruebas suficientes que acreditan, al menos, la existencia de hechos que configuran el delito reiterado de fraude al fisco, como también la participación de la exfrenteamplista en dichos hechos.

Esa misma consideración tuvo la instancia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Así lo dio a conocer el presidente subrogante del tribunal, Dinko Franulic, quien manifestó que “existiendo elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público, como asimismo la participación de la diputada de la República, señora Catalina Pérez Salinas, se ha acordado de forma unánime por este tribunal, acceder a la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público de esta ciudad y, en consecuencia, se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la comentada diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco”.

La audiencia se extendió por cerca de tres horas, tiempo donde la parte acusadora, el Ministerio Público, los querellantes y la defensa de la diputada realizaron sus alegatos en torno a por qué se debía o no conceder el término de este beneficio legal que gozan los parlamentarios, y que incluso, en su momento, Catalina Pérez impulsó un proyecto de ley para que fuese eliminado como tal, por ser una “desigualdad” ante los ojos de la Ley.

En ese sentido, mientras el ente persecutor apunta a la exmilitante del Frente Amplio cómo la autora del delito reiterado de fraude al fisco a raíz de los convenios firmados entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por otra parte, la identifica de manera preliminar como la cómplice de este mismo delito, debido a que consideran que las pruebas reunidas hasta ahora dan cuenta de un rol más encubridor de los delitos cometidos por los protagonistas de esta trama judicial.

Si bien a Catalina Pérez se le identifica con una aparición más relevante tras la firma de los convenios y su intento, en una acción desesperada junto a los otros coimputados, de tapar la firma de los mismos, también se indicó que realizó gestiones directas con las personas con quienes llevaba años vinculada políticamente y por amistad, entre ellos Carlos Conteras y Paz Fuica, con el único fin de colaborar en la suscripción de los convenios de habitabilidad primaria y de diagnósticos, para diversos campamentos de la Región de Antofagasta.

De esta manera, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, detalló que “ella da las pautas, claro, si es la que dirigía la agrupación (…) Son instrucciones. ¿De quién? De Catalina Pérez”. Así, argumentó como la parlamentaria obraba desde las sombras la maquinaria comunicacional que preparaba junto a los coimputados, Daniel Andrade y Carlos Contreras, días antes de que estallara el caso.

En tanto,el abogado procurador fiscal del CDE en Antofagasta, Alfredo Larreta, explicó que, “a lo menos, lo que nosotros estamos convencidos es que tuvo participación como cómplice, al menos, hasta ahora”.

“El resto de los antecedentes da cuenta, también, de que hay una colaboración permanente, tanto en la suscripción de los convenios o la época de ejecución de los convenios, y en la época del descubrimiento de esto”, agregó.

Los chats de la exmilitante del FA

Por otra parte, fueron diversas y variadas las pruebas invocadas por los intervinientes durante la audiencia, entre ellos constantes mensajes, a través de WhatsApp, entre Catalina Pérez y su entonces pareja y director ejecutivo de Democracia Viva, Daniel Andrade.

Una de las comunicaciones más mencionadas es la que tiene por fecha el 20 de junio de 2023, cuatro días después de que estallara el caso a través del medio regional Timeline Antofagasta, en la que Pérez insta a Andrade a colocar logotipos de la fundación en el departamento y habilitar una oficina falsa.

“Creo que deberían […] ponerle un logotipo de DV en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa […] para que cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que ahí trabaja la fundación […] péguenle un loguito afuera de sticker […] ambientar la casa de la Ceci […] contratar a alguien que mejore la página web […] si necesitan plata, tenemos”, le habría indicado a través de la aplicación.

También, destacan los mensajes que le envió ese mismo día Andrade a Pérez: “Carlos está bien… apaña todo… se sigue moviendo…”. La parlamentaria respondió con corazones, y Andrade siguió, diciéndole que “así que tú preocúpate de ti nomas… Dice que es importante que nosotros reforcemos de tú no sabías…”. La diputada le contestó: “ya bacán”, a lo que el representante legal de la fundación cuestionada cerró diciendo: “Con Carlos estamos en modo de guerra”.

Frente a este escenario, el abogado de la diputada Pérez, Gonzalo Medina, insistió en que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para acreditar la participación de su representada en los delitos imputados, además de asegurar que no se vio beneficiada económicamente con los convenios entregados por el Minvu.

Un argumento que el abogado querellante en representación de diputados de la UDI, Pablo Toloza, rebatió, sosteniendo que para la ejecución del delito de fraude al fisco no es necesario un enriquecimiento ilícito, sino que el mero hecho de la firma de los convenios da por materializado el delito.

De todas maneras, desde la Defensa de Pérez comunicaron que recurrirán a una apelación ante la Corte Suprema.