El representante legal de la Fundación Democracia Viva y el exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta pasaron de encontrarse en prisión preventiva a mantener arresto domiciliario y arraigo nacional.
El recién pasado miércoles, en la Corte de Apelaciones de Antofagasta se determinó modificar las medidas cautelares de Daniel Andrade y Carlos Contreras, los primeros formalizados por el caso Democracia Viva, pasando de prisión preventiva a arresto domiciliario y arraigo nacional.
La revocación del fallo del Juzgado de Garantía contra el representante legal de la Fundación Democracia Viva y el exseremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, fue decisión de las ministras de la Corte de Apelaciones antes mencionada, la presidenta Virginia Soublette; la fiscal judicial, María Teresa Quiroz; y la abogada integrante Luisa Cortés.
Algunos de los fundamentos fueron la declaración de Contreras al Ministerio Público, la disposición de Andrade entregar sus aparatos y claves de equipos de comunicación, entre otros.
Reacciones al cambio de medidas cautelares de Andrade y Contreras
Ante esta situación, los abogados defensores de Andrade y Contreras expresaron su satisfacción con la determinación de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
“Estamos conformes con lo resuelto por la corte de apelaciones de Antofagasta, Daniel Andrade siempre ha estado disponible para la justicia, desde el primer minuto, con la entrega de su teléfono, su computador, sus claves. Voluntariamente alza su secreto bancario”, dijo Diego Sporman.
En tanto, Andrés Bustos, agregó que se “ha puesto paños fríos para el caso Democracia Viva (…) Ha quedado claro que (la prisión preventiva) es una medida que no se justifica, que es desproporcionada, en atención a que son otros organismos los encargados, desde el punto de vista técnico, de poder elegir, designar, y otorgar fondos a fundaciones”.
En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que “si durante el curso de la investigación, de lo que sigue, existen antecedentes que permitan modificar la cautelar para imponer una más gravosa que a la que quedó fijada en esta oportunidad, efectivamente el Ministerio Público puede volver a solicitar, por ejemplo, la medida cautelar de prisión preventiva”.
Por su parte, el abogado querellante, quien representa a parlamentarios UDI, Pablo Toloza, sostuvo que “no compartimos la decisión. Estimamos que hay antecedentes suficientes que ameritaban mantener la cautelar, somos respetuosos (…) Esperamos que la Fiscalía, en esta causa, formalice a otras personas que aparecen involucradas”.
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