En medio de la crisis de las isapres, expertos señalaron que marzo es un plazo razonable para que el Gobierno entregue soluciones concretas, para evitar un colapso del sistema privado de salud.
En tanto, la Superintendencia de Salud tiene plazo hasta fines de mayo para determinar cómo se aplicará el fallo de la Corte Suprema, sobre la tabla de factores.
Luego que –en noviembre del año pasado– la Corte Suprema acogiera recursos de protección presentados por afiliados y afiliadas, y ordenara a las isapres regirse por la tabla de factores establecida por la Superintendencia de Salud en 2019, el sistema privado de salud se declaró en crisis y pidió celeridad al Gobierno en la entrega de soluciones.
Si bien, el regulador tiene plazo hasta fines de mayo para determinar cómo se aplicará el fallo del máximo tribunal, expertos sostienen que marzo es un “plazo razonable” para que el Gobierno entregue soluciones claras, que eviten un colapso del sistema.
El exregulador de la segunda administración de Sebastián Piñera, Patricio Fernández, sostuvo que se está arriesgando la protección de la salud en Chile y que, por lo tanto, el Ejecutivo debe entregar soluciones, para terminar con la incertidumbre.
El exsuperintendente de Salud durante el gobierno de Patricio Aylwin, Héctor Sánchez, afirmó que uno de los grandes desafíos del Gobierno es determinar qué pasará con 3,3 millones de afiliados y afiliadas al sistema, ante una eventual quiebra de las aseguradoras.
El exministro de Salud, Emilio Santelices, indicó que la discusión no se debe enfocar en la viabilidad de las isapres, ya que, debemos asumir que las aseguradoras no seguirán existiendo de la misma forma que las conocemos.
Además, señaló que el Gobierno debe trabajar en diseñar políticas públicas que puedan sustentar las demandas de salud de la población.
Durante este mes, parlamentarios de las Comisiones de Salud del Senado y la Cámara se reunieron con la ministra del sector, Ximena Aguilera, para abordar posibles soluciones a la crisis financiera de las isapres.
Si bien, no hubo anuncios por parte del Gobierno, se acordó una ley corta que ingresaría en marzo al Congreso y que busca resguardar a los afiliados y afiliadas, a través del fortalecimiento y modernización de Fonasa.