Este martes, la Ministra Fernández está citada al Congreso para entregar detalles del hackeo masivo del que fue víctima el s.
Diputados adelantaron que la instancia servirá para esclarecer el tratamiento que tuvo el Gobierno frente a este ciberataque, y a la vez, establecer nuevas responsabilidades políticas y operativas.
Por otro lado, senadores hacen un llamado a impulsar los proyectos de ley que apuntan a fortalecer la seguridad nacional en el ciberespacio.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, está citada para el próximo martes al Congreso Nacional, para así entregar todos los antecedentes sobre el hackeo que afectó al Estado Mayor Conjunto. Este ciberataque, recordemos, fue adjudicado por el grupo internacional denominado “Guacamaya”, el cual logró robar casi 400 mil correos electrónicos desde el organismo.
La secretaria de Estado asistirá este martes al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados, junto al subsecretario de la cartera, Gabriel Gaspar, y el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Luis Fernández.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa, el diputado independiente Andrés Jouannet, señaló que si bien el objetivo es investigar las implicancias de estas vulneraciones, también se debe establecer cuál será la hoja de ruta para fortalecer la ciberseguridad nacional.
Una de las exigencias planteadas por la diputada RN, Camila Flores, es tener conocimiento de qué información se filtró, y si esta situación pone en peligro al país. Además, indicó que se deben establecer otras responsabilidades en el caso, ya que la renuncia del General Paiva no sería suficiente.
Para el diputado socialista, Tomás de Rementería, la citación de la ministra será un aporte para esclarecer que ella realmente fue informada de una brecha de seguridad y no de un hackeo, y que a pesar de ello, se tomaron las determinaciones necesarias en el caso.
En el Senado, el parlamentario de la misma colectividad, Gaston Saavedra, señaló que la ministra Fernandez tiene una responsabilidad política en el caso, y que el Gobierno, a través de esta citación, debe entregar información que permita avanzar en las investigaciones. Además, coincidió en que se requiere una institucionalidad que se haga cargo de la ciberseguridad del país.
Quien cuestionó la capacidad del Gobierno para proteger la seguridad del país en el ciberespacio, fue el senador independiente Kenneth Pugh, quien apuntó que más allá de encontrar nuevas responsabilidades, es imprescindible avanzar en medidas preventivas en esta materia.
Y que en ese sentido, se solicitará al ministerio de Defensa, darle urgencia a proyectos de ciberseguridad y modernización del sistema de inteligencia.
En el Gobierno, han respaldado a la Ministra Maya Fernández, el mismo presidente Gabriel Boric, aseguró tener certeza de que la secretaria de Estado, cuando recibió la alerta de vulnerabilidad, y no de un hackeo, siendo que el hackeo ya se había producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad.
También, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, exculpó a la ministra Fernández de toda responsabilidad, reiterando que no fue informada de la magnitud del problema.
Sin embargo, además de lograr determinar quienes son o no son los responsables en el tratamiento de esta filtración de información gubernamental, los senadores de la Comisión de Defensa han planteado acelerar la tramitación de la Ley Marco de Ciberseguridad. El objetivo sería concretar una nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad para el año 2023, y así tener una mejor respuesta ante nuevos intentos de ciberataques.