Desde el próximo lunes, 78 diputados y diputadas deberán realizarse un test de drogas.
En el oficialismo cuestionaron la divulgación de los parlamentarios sorteados y que los resultados se hagan públicos. Además, acusaron populismo en la medida y señalaron que no ataca problemas de fondo, como el narcotráfico.
La Cámara de Diputadas y Diputados sorteó a los 78 parlamentarios y parlamentarias que deberán realizarse un test de drogas, entre los días 22 y 30 de agosto, que examinará eventual presencia de cocaína, cannabis, benziodiacepinos, opiasos y anfetaminas.
La licitación para tomarse el examen de pelo, que entrega resultados en un mayor período de tiempo, quedó en manos del laboratorio de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, aunque algunos legisladores de regiones podrán ir a centros en sus zonas, considerando que será semana distrital.
Esta es una normativa que ha estado marcada por la controversia, y el sorteo no fue la excepción. En el comité legislativo de la corporación fue debate si debían divulgarse los resultados del proceso, o si eso también podía caer dentro de la confidencialidad de cada parlamentario.
De hecho, la diputada independiente de la bancada oficialista, Ana María Gazmuri, se acercó al secretario de la Cámara, Miguel Landeros, en el momento en que estaba dando los nombres en la sala, para pedirle que se detuviera.
La legisladora explicó el punto, cuestionando que el reglamento del test de drogas, a su juicio, tiene falencias.
Esta iniciativa fue impulsada por la oposición, que siempre planteó que era necesario que el resultado fuera público, asegurando que es por transparencia y ayuda a conocer si existen posibles vínculos de parlamentarios con el narcotráfico.
Esto, porque a los casos positivos se les levantará el secreto bancario, y las transacciones por sobre 800 UF podrían terminar siendo revisadas por la Justicia.
Los cuatro diputados de Evópoli salieron sorteados, y uno de ellos, Jorge Guzmán, defendió la importancia del nuevo reglamento.
Está claro que en el Frente Amplio no gusta la medida. Insistieron en que fuera privado el resultado y acusan una lógica populista que busca exponer a los parlamentarios sin pensar en la privacidad, o en la necesidad de que pueda existir apoyo en una posible rehabilitación.
También señalan que el test no ataca problemas de fondo, como posibles conflictos de interés en el Congreso y el combate al narcotráfico.
La diputada de Comunes, Emilia Schneider, también salió sorteada y criticó duramente la medida, asegurando que solo sirve para que los parlamentarios de derecha figuren en los medios de comunicación.
En la comisión de Constitución hubo también un debate sobre las características especiales del examen, que son distintas al procedimiento de ministros, subsecretarios y otras autoridades, principalmente sobre la publicidad del resultado.
El diputado de la comisión y del Partido Socialista, Leonardo Soto, dijo que si este reglamento se usara en todos los ámbitos laborales, sería propio de un régimen autoritario.
La crítica a la vulneración de derechos personales llega al punto en que la diputada independiente del Frente Amplio, Marcela Riquelme, está pensando no realizarse el test, pese a que salió sorteada, cuestionando la forma y el fondo de este proceso.
Si ella o algún otro parlamentario se rehúsa a tomarse el examen, se expone a ser enviado a la comisión de Ética y eventualmente ser sancionado con una multa en dinero, además de quedar inhabilitado para votar proyectos relacionados con consumo o combate a las drogas.