La excandidata a la Gobernación Metropolitana, Karina Oliva, renunció a su derecho a guardar silencio y declaró en la Fiscalía Metropolitana Sur, como imputada en la investigación por fraude de subvenciones.
La diligencia continuará en los próximos días, según confirmó su abogado, quien afirmó que pedirán el sobreseimiento.
Con maleta en mano y cerca de las 3 de la tarde de ayer, llegó a declarar a la Fiscalía Metropolitana Sur la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, en calidad de imputada por presunto fraude de subvenciones.
Todo partió en noviembre del año pasado, cuando Ciper reveló que siete militantes del Partido Comunes emitieron boletas por un total de 137 millones de pesos, por asesorías durante la campaña de Oliva a la gobernación.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió abrir de oficio una investigación después, de analizar las explicaciones de Karina Oliva en la prensa sobre sus cuestionados gastos de campaña.
Luego de la apertura de la indagación penal, que fue designada a la Fiscalía Sur, hubo una denuncia del Servel.
En concreto, se está investigando cómo se habrían rendido gastos electorales mendaces, de boletas y facturas por bienes y servicios que no habrían sido prestados, existiendo documentos ideológicamente falsos.
También la Fiscalía Metropolitana Sur indaga la rendición de 50 millones de pesos para un desayuno, donde Oliva sostuvo que se trató sólo de una cotización.
Hechos que provocaron que el actual presidente Gabriel Boric le quitará su respaldo en la campaña y que finalmente en segunda vuelta fuera derrotada.
Ayer Karina Oliva decidió renunciar a su derecho de guardar silencio y declaró por cuatro horas y media ante 3 persecutores. La ex candidata salió del edificio de la Fiscalía, ubicado en San Miguel, donde aseguró que todos los gastos fueron respaldados.
Su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, quien entró con ella a la diligencia, señaló que cuando terminen las diligencias pendientes y declaraciones, van a pedir el sobreseimiento.
El fiscal Milibor Bugueño pidió alzar el secreto bancario de las cuentas de Oliva, obteniendo una orden judicial que le permitió durante estos meses analizar las finanzas de la imputada y también de su ex administrador de campaña, Martín Miranda.
El contador auditor Miguel Ángel Baeza fue quien revisó sus cuentas y dijo que generalmente eran por asesorías o boletas de honorarios abultadas, o mismo prestador de servicios en las dos elecciones (gobernación y Senado).
El mismo funcionario declaró también ante el Ministerio Público que “algo que le llamó la atención fue que los fondos estaban compuestos por aportes privados, públicos y valorizaciones”.
Sobre supuestos aportes de la candidatura de Oliva a la primaria presidencial de Gabriel Boric, el abogado Juan Carlos Manríquez sostuvo que “no hay ningún vínculo entre el Gobierno y la campaña” de su representada.