El gobierno defendió la decisión de anular la licitación adjudicada a la empresa china Aisino

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Foto: AGENCIA UNO

El Gobierno defendió la decisión de anular la licitación para la elaboración de los nuevos pasaportes y cédulas de identidad, que había sido adjudicada a la empresa china Aisino, por supuestas “inconsistencias” en la entrega de información.

La compañía acusó “vicios y presiones” detrás de esta determinación, y evaluará acciones legales en tribunales nacionales y extranjeros.

Fue una larga disputa, llena de críticas desde que comenzó el concurso público para la elaboración –por los próximos diez años- de las cédulas de identidad y los pasaportes en Chile, una licitación que se adjudicó el consorcio entre empresa estatal china Aisino y Mülbahuer.

Los cuestionamientos finalmente llegaron a puerto, y el Registro Civil informó que dejaba sin efecto esta licitación, acusando que la compañía no respondió satisfactoriamente respecto de una serie de inconsistencias detectadas en la oferta.

Ayer, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio dio una explicación de estos hechos, y especificó que la información solicitada tenía que ver con la protección de los datos, y la forma en la cual la empresa podría garantizar el cumplimiento el programa para la visa Waver.

La compañía, por supuesto, ha rechazado estas acusaciones. Dicen que sí respondieron los requerimientos, y que también han garantizado las condiciones para la visa Waver. Por eso, dicen, esta decisión no es procedente, y contraviene las bases de licitación.

En ese escenario, dicen que van a evaluar las acciones judiciales pertinentes, por la vulneración de los tratados de libre comercio. Aunque en el Gobierno, el ministro Bellolio se mostró confiado.

Lo cierto es que han surgido varias críticas. Por parte de la empresa acusan “vicios y presiones” externas a este proceso, que terminaron con la decisión de echar abajo el acuerdo.

Acá también surgieron críticas internas, por parte de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. Dicen que se pone una vez más en juego la fe pública y la reputación del servicio, acusan que en las bases de licitación no se consideraron las implicancias geopolíticas.

Y lo que piden es un rol activo de Contraloría, pero también del propio Registro. El director de Anercich, Pablo Román cree que se debe aclarar cuáles son los puntos donde “faltó información”.

En el Congreso reaccionaron aliviados frente a esta determinación, en la comisión de Economía de la Cámara habían denunciado varias veces este riesgo en materia de seguridad. Dicen que, si bien la reacción es tardía, lo importante es prevenir para próximas licitaciones, según señalaron Miguel Mellado, de RN y Jaime Narano, del PS.

Lo que se abre ahora es una disputa compleja, donde el Registro Civil no ha aclarado la forma de proceder respecto a los documentos.

Hay que considerar también que esta licitación ya había sido aprobada, faltaba que la Contraloría diera el visto bueno y ahí se abre una disputa. De acuerdo a las bases, el argumento que cita el Registro Civil lo habilita a suspender el proceso, pero en la empresa lo desestiman, y además de tribunales internacionales habrá también una disputa judicial.

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El Gobierno defendió la decisión de anular la licitación para la elaboración de los nuevos pasaportes y cédulas de identidad, que había sido adjudicada a la empresa china Aisino, por supuestas “inconsistencias” en la entrega de información.

La compañía acusó “vicios y presiones” detrás de esta determinación, y evaluará acciones legales en tribunales nacionales y extranjeros.

Fue una larga disputa, llena de críticas desde que comenzó el concurso público para la elaboración –por los próximos diez años- de las cédulas de identidad y los pasaportes en Chile, una licitación que se adjudicó el consorcio entre empresa estatal china Aisino y Mülbahuer.

Los cuestionamientos finalmente llegaron a puerto, y el Registro Civil informó que dejaba sin efecto esta licitación, acusando que la compañía no respondió satisfactoriamente respecto de una serie de inconsistencias detectadas en la oferta.

Ayer, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio dio una explicación de estos hechos, y especificó que la información solicitada tenía que ver con la protección de los datos, y la forma en la cual la empresa podría garantizar el cumplimiento el programa para la visa Waver.

La compañía, por supuesto, ha rechazado estas acusaciones. Dicen que sí respondieron los requerimientos, y que también han garantizado las condiciones para la visa Waver. Por eso, dicen, esta decisión no es procedente, y contraviene las bases de licitación.

En ese escenario, dicen que van a evaluar las acciones judiciales pertinentes, por la vulneración de los tratados de libre comercio. Aunque en el Gobierno, el ministro Bellolio se mostró confiado.

Lo cierto es que han surgido varias críticas. Por parte de la empresa acusan “vicios y presiones” externas a este proceso, que terminaron con la decisión de echar abajo el acuerdo.

Acá también surgieron críticas internas, por parte de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. Dicen que se pone una vez más en juego la fe pública y la reputación del servicio, acusan que en las bases de licitación no se consideraron las implicancias geopolíticas.

Y lo que piden es un rol activo de Contraloría, pero también del propio Registro. El director de Anercich, Pablo Román cree que se debe aclarar cuáles son los puntos donde “faltó información”.

En el Congreso reaccionaron aliviados frente a esta determinación, en la comisión de Economía de la Cámara habían denunciado varias veces este riesgo en materia de seguridad. Dicen que, si bien la reacción es tardía, lo importante es prevenir para próximas licitaciones, según señalaron Miguel Mellado, de RN y Jaime Narano, del PS.

Lo que se abre ahora es una disputa compleja, donde el Registro Civil no ha aclarado la forma de proceder respecto a los documentos.

Hay que considerar también que esta licitación ya había sido aprobada, faltaba que la Contraloría diera el visto bueno y ahí se abre una disputa. De acuerdo a las bases, el argumento que cita el Registro Civil lo habilita a suspender el proceso, pero en la empresa lo desestiman, y además de tribunales internacionales habrá también una disputa judicial.

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