Fue en Europa, en la última gira presidencial, donde tres líderes del continente: Boris Johnson (Gran Bretaña), Pedro Sánchez (España) y Emmanuel Macron (Francia), le recomendaron al Presidente Sebastián Piñera no entregar la licitación a la empresa china Aisino y le mostraron distintos informes que daban cuenta de lo mismo.
Y la semana pasada, dos reuniones lideró el Presidente en La Moneda junto al canciller, Andrés Allamand, y el ministro de Justicia, Hernán Larrain, para ver cómo solucionar lo que estaba sucediendo con la licitación ya que semanas antes desde Estados Unidos, de manera no oficial, habían advertido de lo que podía suceder con el Programa Visa Waiver -que se encuentra en renegociación- si es que la empresa asiática comenzaba a imprimir los pasaportes chilenos.
El Mandatario, decidió la semana pasada encargar dos informes a distintos estudios de abogados -uno fue redactado por Luis Cordero y el otro por Andrés Jana– expertos en el tema para ver la posibilidad y el camino a seguir, si es que se decidía terminar con la licitación. Con el argumento de que dentro de la licitación existe un punto que indica que “tratándose del Programa Visa Waiver con Estados Unidos, este país exige a Chile altas medidas de seguridad en sus pasaportes y el cumplimiento de exigentes estándares en procedimientos relacionados con la fabricación, emisión, uso y bloqueo de los documentos de identidad, que están sujetos a evaluaciones continuas por parte de aquel país para la extensión del beneficio a los ciudadanos chilenos”. Y agrega que el “contratante deberá, durante toda la vigencia del Contrato, asegurar al servicio, el cumplimiento de los requerimientos antes enunciados”.
Y fue ayer, a través de un comunicado de prensa, que desde el Registro Civil comunicaron que el director nacional de la institución había decidido dejar “sin efecto” la Resolución Exenta que adjudicó la licitación a la UTP Aisino.
Nueve puntos justifican la decisión de la institución. El punto seis, por ejemplo, sostiene que “el Servicio habiendo detectado ‘inconsistencias’ en el contenido de la oferta y entregando la oportunidad al adjudicatario de aclarar el contenido de las mismas sin respuesta satisfactoria”.
Los puntos siete y ocho hacen mención a uno de los factores claves: el Programa Visa Waiver, del que nuestro país es parte desde 2014. “(…) Se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que informara sobre los impactos que podría tener para la elegibilidad del país en el programa Visa Waiver la suscripción del contrato”, señala el documento.
La respuesta desde Cancillería fue decidora: “(…) Existe un alto grado de probabilidad que se ponga término al Programa Visa Waiver con Estados Unidos y probablemente con Canadá, en el evento de celebrarse el contrato con el adjudicatario”.
Fuentes de Gobierno explicaron que la decisión de terminar con la licitación se venía conversando hace 10 días y que desde Estados Unidos han mostrado interés por que la empresa francesa Idemia sea la que gane la licitación, pero esperan que esto no influya en el resultado final y que se decida por la empresa mejor capacitada.
Últimos recursos
Pero la disputa por las cédulas y pasaportes no terminó tras la adjudicación de la licitación a la Unión Temporal de Proveedores Aisino. Esto porque dos empresas acudieron al Tribunal de Contratación Pública (TCP) buscando impugnar el decreto que selló el destino del concurso: se trata de Idemia y Sonda-Thales.
En dichas presentaciones, Idemia, por ejemplo, retrucó que la firma asiática había vulnerado el “pacto de integridad”, presentando “información no veraz, imprecisa e inconsistente”. Todo esto “a objeto de obtener puntajes altos en la evaluación técnica induciendo a errores y confusiones a la Comisión Evaluadora”, expusieron.
Vea demanda Idemia:
La presentación de Idemia, sin ir más lejos, va en la línea con uno de los puntos expuestos por el Registro Civil para dejar sin efecto el decreto de adjudicación. En el comunicado difundido esta tarde, en el punto número cinco, desde la institución que lidera Sergio Mierzejewski, expresaron que las inconsistencias detectadas “no aclaradas por el adjudicatario” implican una vulneración del pacto de integridad.
Según las bases de licitación, lo anterior significa una serie de compromisos que van desde respetar los derechos fundamentales de trabajadores, hasta “revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia”.
Junto a infringir, presuntamente, el “pacto de integridad”, Idemia expuso que el puntaje técnico obtenido por Aisino “ha sido mal asignado”, por lo cual “una correcta evaluación de las certificaciones de experiencia no debió llevar a la conclusión de que el puntaje técnico de la UTP Aisino era de 98,13, sino uno mucho menor”.
El consorcio chileno-francés Sonda-Thales, por su parte, presentó el pasado 26 de octubre una acción de impugnación en contra de seis actos administrativos, siendo uno de ellos la resolución que adjudicó la licitación a la firma china.
Sobre este último punto, Sonda-Thales considera que dicha adjudicación fue “arbitraria e ilegal”. Esto, según desarrollan, porque la oferta de Aisino “posee al menos tres insuficiencias claras y evidentes en cuanto a los requerimientos técnicos, que debieron determinar la inmediata declaración de inadmisibilidad de su oferta”.
Estas son la “insuficiencia de la certificación de calidad”; el no cumplir “con el estándar (acreditaciones) del Instituto NIST” -Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en español-; y los “incumplimientos e irregularidades de los Anexos 9 presentados por la UTP Aisino”, los que hacen referencia a la acreditación de la experiencia de Aisino.
Vea demanda Sonda:
El rechazo
Los motivos para dejar sin efecto la licitación quedaron consignados en la Resolución Exenta N°424, de fecha 15 de noviembre. En ella se esgrime que el pasado 8 de noviembre el Servicio de Registro Civil e Identificación requirió información a Aisino a través de una carta.
En dicha comunicación, la institución requirió que diera respuesta a una serie de “interrogantes”. Algunas de ellas apuntaron a saber “por qué en determinados antecedentes entregados en la propuesta técnica contenían correcciones manuscritas de la información contenida en los certificados técnicos”; “las razones por las cuales la UTP acompañó en su propuesta antecedentes improcedentes, incompletos o inconsistentes”; “la manera que (…) el adjudicatario adoptaría las medidas concretas para asegurar el cumplimiento de los requerimientos del Programa Visa Waiver”, entre otros.
El 12 de noviembre, el representante de la UTP Aisino respondió al oficio, lo cual no dejó del todo conforme a la institución. Esto porque la empresa sostuvo que parte de la información requerida era “improcedente”, porque “ya había sido aportada en el procedimiento licitatorio”. Respecto a lo consultado sobre la Visa Waiver, expusieron que asegurarían “el cumplimiento de los requerimientos de dicho programa durante toda la vigencia del contrato”.
Ante la negativa de Aisino, el documento señala que tras la adjudicación de una licitación el proceso no termina. Por ende, recalcan que “resulta conveniente señalar que este procedimiento de licitación se encuentra actualmente vigente y no ha concluido”, subrayando que el contrato comienza a regir “una vez se encuentre ‘totalmente tramitado’”, y eso ocurre luego que la Contraloría General de la República (CGR) toma razón del acto.
Vea resolución:
Bajo este escenario, la resolución sostiene que tal como señala la jurisprudencia de la CGR, una vez adjudicada una licitación y antes de la toma de razón, la autoridad administrativa puede “revisar los antecedentes de la totalidad del proceso de licitación hasta su adjudicación e incluso declarar en ese momento la inadmisibilidad de ofertas si se ha transgredido el pacto de integridad”.
Otro punto que expone el citado documento es la acción interpuesta por Idemia ante el Tribunal de Compras Públicas, donde la empresa reparó en la “fidelidad” e “integridad” de ciertos antecedentes que Aisino acompañó en la oferta pública. La causa se encuentra en pleno desarrollo y desde el TCP se ofició al Registro Civil con el fin de remitir la información referida a la licitación.
Tras la revisión de los antecedentes, la institución pública detectó “inconsistencias en la información entregada en la oferta”, razón por la cual solicitó a la UTP Aisino “aclarar estas inconsistencias”. No obstante, según la resolución, la empresa china “no respondió ni entregó información sobre las razones que explicarían las ‘inconsistencias’ relatadas”.
La falta de respuesta para despejar las interrogantes, a juicio del Registro Civil, ha “configurado la causal para dejar sin efecto la adjudicación”, la cual está establecida en el punto 20.7 letra g) de las bases.
Lo anterior establece que “si al adjudicatario se le detecta información adulterada o inconsistente en los anexos o en el contenido de su oferta”, el servicio puede dejar sin efecto la adjudicación.
“Presiones indebidas” y pasos a seguir
Fuentes de La Radio que conocen de procesos licitatorios comentan que los pasos a seguir por Aisino son tres: uno podría ser la presentación de un recurso administrativo de reposición con jerárquico subsidio, es decir, impugnar administrativamente la resolución del servicio.
También, agregan conocedores, una vez publicada en el portal de Mercado Público, el consorcio chino-alemán podría demandar en el TCP impugnando el mismo acto que dejó sin efecto la adjudicación. Un tercer camino son las instancias internacionales.
Lo cierto es que la resolución ya se encuentra en la web de Mercado Público, lo cual ya posibilita a la multinacional china a tomar acciones legales, las que ya anunció.
Y es que a través de un comunicado el consorcio chino-alemán anunció que “recurrirán a la justicia nacional e internacional para dar cuenta de vicios en el proceso y presiones en la decisión informada por la autoridad este lunes”.
A su juicio, la UTP que encabeza Aisino, “demostró en todo el proceso que su oferta era la más conveniente para el país, tanto a nivel de precio, como de tecnología y seguridad, y protección de datos. La oferta presentada y que fue adjudicada garantizaba que los chilenos y chilenas dejaran de pagar uno de los pasaportes más caros del mundo como lo hace actualmente”.
También se acusa de “ataques orquestados por otros oferentes y que contaron con la participación de parlamentarios y ex autoridades que se prestaron para desinformar a la ciudadanía, defendiendo los intereses de grandes empresas en detrimento de los intereses de las personas”.
Junto a lo anterior, desmiente lo señalado por el Registro Civil en su comunicado, “en el sentido de que Aisino no respondió a los requerimientos de la autoridad”. A renglón seguido afirma que la empresa “contestó todos los requerimientos de la autoridad en tiempo y forma, tal cual fue requerido por el Registro Civil”.
Vea declaración:
Desde el área legal, según documentos del TCP, Aisino se ha hecho parte como tercero independiente en antiguas causas activadas por Idemia y Sonda a través de abogados del estudio jurídico Aylwin y Compañía. Manuel Aylwin Oyarzún, Manuel Matta Aylwin y Gabriel Méndez Serqueira son nombres de quienes han defendido a la empresa.
Registro Civil: la presión internacional que obligó a Piñera a abortar licitación con empresa China
