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La reforma constitucional en seguridad del Gobierno ha generado críticas incluso desde el propio oficialismo. Este proyecto busca consagrar la seguridad pública como un deber constitucional, crear un quinto estado de excepción y establecer regímenes penitenciarios diferenciados, entre otras medidas.

Sin embargo, el ejecutivo debió ceder ante las presiones y reducir las modificaciones de 11 a 7 puntos, eliminando cambios como la pérdida de prestaciones estatales para condenados por crimen organizado.

Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, analizó el proyecto y reconoció aspectos positivos.

Un ejemplo es la prioridad dada a la principal preocupación de la ciudadanía y ciertos proyectos de ley, que a su juicio van en la línea correcta.

A pesar de lo anterior, advirtió que modificar la Constitución en los términos planteados le parece “en algunos aspectos innecesario y en otros aspectos peligroso”.

Urquízar cuestionó la necesidad de reformular las bases institucionales, argumentando que “el artículo primero de la Constitución, inciso quinto, establece expresamente que es deber del Estado resguardar la seguridad de la nación y también dar protección a la población”.

Además, el coordinador mencionó que considera innecesaria la creación de un nuevo estado de excepción cuando ya existe el estado de emergencia. El cual es utilizado hace más de cuatro años en la macrozona sur para combatir el crimen organizado.

La inteligencia: El punto débil de la seguridad

En conversación con Podría Ser Peor, Urquizar fue categórico al referirse al debate entre seguridad y libertades fundamentales, mencionando que “la realidad en materia de seguridad se necesita consenso y diferentes opiniones”. Y así construir la mejor solución.

El especialista rechazó la polarización del debate e insistió en que la seguridad debe ser una política de Estado. Además, aseguró que cuando las organizaciones criminales “asesinan, secuestran, extorsionan, no distinguen en sus víctimas el color político que tienen”, advirtió.

Para Urquizar, la gran falencia del proyecto gubernamental es la ausencia de inteligencia. Sin inteligencia, las policías, las fuerzas armadas operan a ciegas. “No hay ningún país del mundo que haya desarticulado el crimen organizado, el terrorismo, sin inteligencia”, indicó.