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David Bravo, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, abordó una propuesta para flexibilizar la distribución de la jornada laboral en la implementación de la ley de 40 horas. La idea busca ampliar el periodo para calcular el promedio de horas trabajadas sin modificar el objetivo de reducción de la jornada. Aclaró que no se pretende establecer una jornada semanal de 52 horas, ya que este límite existe en el Código del Trabajo. La propuesta contempla revisar el periodo de promedio hasta 15 semanas o un año, permitiendo trabajar más horas en semanas de mayor demanda y compensar con semanas cortas o días libres.

El presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, David Bravo, abordó la propuesta que busca flexibilizar la distribución de la jornada laboral en el marco de la implementación de la ley de 40 horas. Según explicó, la idea no apunta a modificar el objetivo de reducción de la jornada, sino a ampliar el periodo en que se calcula el promedio de horas trabajadas.

Bravo aclaró que la propuesta no plantea establecer una jornada semanal de 52 horas, precisando que ese límite ya existe actualmente en el Código del Trabajo al considerar horas ordinarias y extraordinarias. En esa línea, señaló que la Mesa no definió un nuevo máximo semanal, sino que propuso revisar el periodo sobre el cual se promedia la jornada.

De acuerdo con Bravo, la ley de 40 horas contempla hoy una flexibilidad “muy pequeña”, ya que el promedio de la jornada puede calcularse hasta en cuatro semanas. La propuesta, en cambio, busca considerar un número mayor de semanas, siguiendo referencias de países desarrollados, donde estos periodos pueden llegar a 15 semanas o incluso a un año. Esto permitiría que, en algunas semanas de mayor demanda, se trabajen más horas, compensadas luego con semanas más cortas o días libres.

El economista descartó que la iniciativa ponga en riesgo la ley de 40 horas agregando que se trata de una forma de “seguir avanzando en la reforma de las 40 horas sin cambiarlas”. A su juicio, la reducción de la jornada, sin un aumento previo de productividad, implica mayores costos laborales por hora, especialmente para las empresas más pequeñas.

Bravo también sostuvo que la medida podría beneficiar de manera particular a micro y pequeñas empresas, que —según indicó— siguen rezagadas en empleo respecto de los niveles previos a la pandemia. Además, planteó que esta flexibilización debería complementarse con otras medidas, como subsidios o créditos tributarios focalizados en nuevos empleos, en un contexto que calificó como de “emergencia laboral”.