Ética y transparencia de BioBioChile
La Contraloría General de la República analizó los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024, sin poder confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas.
El informe involucra 15,9 billones de pesos, de los cuales un 91% corresponde a organismos del gobierno central y un 9% a municipalidades.
En total, la revisión consideró 50 instituciones del nivel central y 23 del sector municipal, aplicando abstención en todos los casos por debilidades en los controles internos y falta de respaldo contable.
En Podría Ser Otra Cosa conversamos con John Henriquez, abogado y subdirector de Faro UDD, quien explicó que estos montos no implican necesariamente fraude o delito.
Sino que apunta a que pueden ser problemas de información y registros contables que impiden acreditar que los recursos se gastaron según lo autorizado.
Según el abogado, el informe da cuenta de un desorden en los procesos internos de ministerios y municipios.
Donde el control de Contraloría opera de forma posterior y no reemplaza las obligaciones de control interno que deben cumplir las propias instituciones.
Henriquez señaló que ahora se abre un proceso para que los organismos fiscalizados complementen antecedentes y subsanen observaciones.
Lo anterior en un contexto donde ya se iniciaron 27 sumarios administrativos para esclarecer responsabilidades.
Finalmente, indicó que podrían existir desde errores de reporte hasta faltas administrativas más graves, y que, de ser necesario, podrían intervenir otras entidades como el Ministerio Público o el Consejo de Defensa del Estado.
En ese marco, enfatizó la importancia de fortalecer el control previo del gasto público y mejorar el capital humano en el Estado.
Y por sobre todo, asegurar que los recursos de los contribuyentes sean correctamente rendidos y utilizados.
