Ética y transparencia de BioBioChile
El gobierno incluyó un reajuste público que limita el despido de funcionarios previo a un cambio de administración.
La medida permitiría a trabajadores con dos años continuos reclamar por eventuales vicios de legalidad en su desvinculación.
En Podría Ser Peor conversamos con el exdirector de presupuestos, Matías Acevedo, quien cuestionó el acuerdo de reajuste del sector público.
Calificándolo como un “amarre” improcedente al final del gobierno.
Explicó que actualmente cerca de 300 mil funcionarios del gobierno central trabajan bajo este régimen.
Creado originalmente como contratos anuales y que con el tiempo se transformó en una práctica permanente.
Acevedo sostuvo que el problema no es discutir mayor estabilidad laboral, sino hacerlo fuera de una reforma integral al empleo público y mediante un artículo incluido en una negociación salarial.
A su juicio, la medida distorsiona el sentido del contrato a contrata y dificulta al próximo gobierno la desvinculación de funcionarios.
Lo anterior, al permitir reclamos por legalidad tras dos años continuos de servicio.
El exdirector advirtió que la norma introduce privilegios que no existen en el sector privado y que podrían afectar la transición entre gobiernos.
Señaló que este tipo de cambios deben abordarse en una discusión amplia sobre mérito, evaluación y causales objetivas.
Finalmente, anticipó que el artículo podría ser rechazado en el Congreso por considerarse inoportuno y perjudicial para la confianza institucional.
