La alcaldesa de Viña del Mar se refirió a la denuncia que interpusieron donde aseguran la intencionalidad de los incendios y al informe que elaboró la Corporación Forestal Nacional en 2021.
A pocos días de lograr controlar los incendios forestales que causaron estragos en la región de Valparaíso, continúan las repercusiones, como también las dudas sobre la posible intencionalidad de los siniestros.
Frente a esta situación, en el Podría ser Peor nos comunicamos con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, cuyo municipio ingresó una denuncia asegurando responsabilidad humana en el inicio del fuego.
“Esta es una denuncia que se entrega, ya que un funcionario municipal, no dentro de sus labores, pero sí en el día de la emergencia, particularmente el día sábado, en el lugar donde él vive hubo un amague de incendio”.
Continuó detallando que “él recolecta algunos artefactos incendiarios, él conoce las características, y eso lo puso en conocimiento de nosotros y tienen que hacerse las denuncias correspondientes. Eso tiene que evaluarse en su merito, tienen que entregarse a la Fiscalía para que puedan ser ellos quienes investiguen”.
En la misma línea, sostuvo que “este incendio es una catástrofe sin precedentes, el nivel de la magnitud que nosotros estamos enfrentando (…) Acá estamos hablando de, sólo en Viña del Mar, de más de 5.400 viviendas, que a su vex pueden tener más de un hogar, estamos hablando de miles de damnificados”.
“Estamos esperando el manejo de la respuesta, la capacidad de reconstrucción, pero también la verdad de lo que ha sucedido”, agregó.
Recomendación de cortafuegos por parte de Conaf
Por otro lado, la alcaldesa Ripamonti se refirió al informe que elaboró la Corporación Forestal Nacional, en el año 2021, donde solicitaba la creación de cortafuegos en gran parte de la comuna.
“A propósito del informe, de ese tiempo hasta ahora han sucedido hartas cosas, entre ellas que fundamentalmente existen nuevos sistemas de prevención y riesgo de desastres a nivel nacional”, comenzó argumentando.
Además, explicó que “cada año, Conaf envía a los municipios y a nosotros en particular, un documento, un dossier, donde se nos indica los cortafuegos que tienen que realizarse por parte del municipio.
“Nos comenzó a llamar la atención que de los 473 predios en los que teníamos la obligación de realizar cortafuegos, sólo 38 eran municipales, y 435 eran privados, a los que a nosotros, de manera incongruente, se nos prohíbe entrar”, siguió.
Revisa todos los detalles en la entrevista completa.