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A pocas semanas de cumplir seis meses en el poder, el gobierno del Presidente José Antonio Kast se enfrenta a diferentes flancos, tanto en materia de seguridad como de relaciones internacionales, sumado a los propios roces al interior del oficialismo. La negociación bajo reserva por los aranceles del 12,5% aplicados por Estados Unidos, las declaraciones de un general jefe militar sobre la soberanía del estrecho de Magallanes y las críticas a la reforma constitucional que impulsa La Moneda son algunos de los temas que se han tomado la agenda.

En medio de este contexto, en el Expreso Bío Bío conversamos con el biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien abordó cada uno de estos frentes, zanjando que buscan que se respete el TLC con el país norteamericano, que no hay ninguna discusión pendiente por el estrecho de Magallanes y la necesidad de más herramientas para enfrentar al crimen organizado.

Negociación con EEUU por aranceles

En cuanto a la negociación que está encabezando la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, junto al representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR), Jeffrey Goettman, el biministro Alvarado señaló que se trata de un proceso de negociación bilateral.

“Como país estamos tratando de entregar toda la información y antecedentes necesarios para que el tema arancelario vuelva a los pisos originales y no nos genere una afectación desde el punto de vista de las exportaciones”, dijo.

En ese sentido, según comentó el secretario de Estado, la posición de las autoridades chilenas es que las conversaciones se muevan en torno a ese pacto establecido entre las naciones.

Uno de los temas que más marcó la atención en medio de esta reunión es la ausencia del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien se encuentra de gira. Frente a esta situación, Alvarado planteó que “la contraparte también son gente que tiene un rol más técnico que político”.

De esta manera, apuntó a que “primero hay que generar las bases de un acuerdo” y, cuando eso esté canalizado, “obviamente vendrá la refrendación de la autoridad política”.

Tensiones diplomáticas con Argentina

Otro de los flancos que se abrió esta semana es la reacción del Gobierno ante las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien afirmó que Magallanes y el extremo austral son de soberanía trasandina.

El biministro Alvarado sostuvo que, respecto al estrecho de Magallanes, no hay ninguna discusión pendiente. En esa línea, abordó el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, los que se encuentran vigentes y establecen la soberanía chilena sobre dicho territorio.

Cabe mencionar que este martes la Cancillería de Argentina reafirmó su compromiso con la relación bilateral con Chile, respetando los tratados antes mencionados.

Así, el secretario de Estado aseguró que “Argentina no tiene nada que decir ni hacer”.

De todas formas, señaló que llama la atención que cada cierto tiempo resurjan este tipo de declaraciones por parte de personalidades argentinas.

“El gobierno argentino tiene que hacer su trabajo de ordenamiento interno, porque no es normal ni sano en la relación bilateral entre países que, existiendo tratados plenamente vigentes, surjan voces aisladas que generen un manto de dudas”, agregó.

Al ser consultado por la nota de protesta que anunció la Cancillería chilena por esta situación, el titular de Interior y la Segegob sostuvo que sí se anunció, “debería ser enviada”.

Reforma constitucional en materia de seguridad

Con todo, el tema que más ha marcado los últimos días del gobierno de Kast es la reforma de seguridad y el nuevo estado de excepción que propusieron en su proyecto de modificación constitucional, además del registro de organizaciones criminales.

Para justificar la decisión del Ejecutivo, Alvarado argumentó que “estamos ante organizaciones criminales que intimidan, que copan el territorio, que generan recursos económicos, que ocultan esos recursos económicos; son organizaciones que amedrentan, amenazan e incluso matan”.

En la misma línea, apuntó a la necesidad de más herramientas para enfrentar al crimen organizado. Ahí nace la controvertida propuesta inicial que permitiría la intervención militar por hasta 240 días.

“Nosotros queremos generar un estado de excepción que se adapte a esa nueva realidad”, dijo el ministro, ya que, según él, los estados actuales no son suficientes para territorios específicos tomados por el narcotráfico.

Consultado directamente sobre las diferencias con el estado de emergencia actual, Alvarado insistió en que “son por objetivos y propósitos distintos” y que el Gobierno busca que “la gente sepa que para su protección, para su mayor seguridad, va a existir un estado de excepción especial”.

Sin embargo, reconoció que hay un “debate legítimo” sobre los plazos y que el Ejecutivo está “abierto” a modificaciones, admitiendo que es necesario construir la reforma con consenso porque requiere votos de la oposición.