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La Fiscalía de Tarapacá desarticuló una red de venta de licencias de conducir falsas en Alto Hospicio, con 10 detenidos, incluyendo funcionarios municipales. La organización liderada por una mujer externa al municipio cobraba hasta $600 mil por licencia, falsificando documentos y aprobando exámenes teóricos sin rendirlos. Se identificaron 62 compradores y se esperan más de 300, quienes podrían enfrentar sanciones.
Una investigación en Alto Hospicio por la venta de licencias de conducir irregulares terminó con 10 detenidos, entre ellos cinco funcionarios municipales.
En conversación con Expreso Bio Bio, la fiscal regional, Virginia Aravena, detalló que la investigación fue dirigida por la Fiscalía de Tarapacá y que la organización operaba con un sistema estructurado.
Además, indicó que las diligencias aún continúan, señalando que tienen “la idea de que hay más personas involucradas en estos hechos”, incluyendo más funcionarios públicos.
¿Cómo operaba la banda que vendía licencias de conducir?
Aravena detalló que el grupo era liderado por una mujer externa al municipio, quien junto a sus hijos y familiares de funcionarios captaba personas que necesitaban licencias profesionales.
Detalló que, si los compradores eran de otras ciudades, conseguían certificados de residencia falsos. Además, coordinaban pagos por transferencias y entregaban instrucciones para simular el proceso dentro del municipio.
Además, explicó que, aunque los usuarios debían cumplir con los exámenes médicos y prácticos, indicó que los teóricos eran timbrados como aprobados sin rendirlos.
La fiscal detalló que el valor de las licencias de conducir podía llegar a los $600 mil o más, dependiendo del tipo de documentos requeridos. Incluso, durante allanamientos se encontró un banano con $800 mil en efectivo en un escritorio municipal.
Aravena aclaró que los documentos eran oficiales, emitidos por el municipio, pero “ideológicamente falsos”. Esto, ya que los conductores no cumplían los requisitos reales para obtenerlos.
También comentó que, además de los detenidos, ya existen 62 compradores totalmente identificados, aunque podrían superar los 300.
Según la fiscal, quienes pagaron estas licencias fraudulentas también arriesgan sanciones. Lo anterior debido a que “sabían que estaban comprando a un funcionario público y ofreciendo dinero para obtener un beneficio”.
La persecutora adelantó que solicitarán prisión preventiva para nueve imputados y arresto domiciliario total para uno. Mientras que continúa la investigación por una eventual falta de control dentro del municipio.