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El polémico proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad fue aprobado en general, en el Senado, lo que levantó la alerta de diferentes sectores, incluso en el Gobierno, por el tipo de criminales que podrían salir de la cárcel.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío conversamos con la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, quien planteó que “es muy alarmante lo que se aprobó y es difícil de comprender después de una discusión tan larga”.

Controversia por proyecto de conmutación de penas

En ese sentido, la autoridad apuntó a una serie de deficiencias técnicas que mantiene el proyecto.

Primero, detalló que hay una “situación de grave retroceso en materia de derechos humanos. O sea, tenemos criminales de lesa humanidad que están condenados a más de mil años de prisión, por penas acumuladas, que van a poder acceder de manera automática a este beneficio y a este privilegio, sin ningún mecanismo de requisitos diferenciados por el tipo de crímenes que cometieron, que están consagrados en los organismos y tratados internacionales que como país hemos suscrito”.

Asimismo, Quintanilla sostuvo que “tampoco hace ningún tipo de diferenciación por tipos de delito, en caso de delitos comunes. Los delitos de violencia sexual, homicidio, parricidio, son de alta prevalencia en las personas de más de 70 años que están cumpliendo hoy condena”.

“Hay más de 400 personas cumpliendo condena que pueden acceder de manera automática a este beneficio, y justamente los delitos que más prevalecen en ese rango etario son delitos sexuales, de homicidio y parricidio”, agregó.

Por otro lado, la subsecretaria señaló que “hay otras hipótesis de acceso que tienen que ver con enfermedades crónicas, no terminales”. Es decir, presos que presenten asma, hipertensión, diabetes, entre otras afecciones, podrían acceder al beneficio. Esto, según mencionó Quintanilla, “sin rangos de edades y sin diferenciación de requisitos para este acceso”.

En esa línea, alertó que “tal como está el proyecto hoy, acceden a este beneficio todas las personas que, teniendo una enfermedad crónica, puedan decirle al tribunal que no tienen las condiciones en la cárcel para poder tener un tratamiento adecuado, sea la edad que tengan o el delito que hayan cometido”.

“Personas con discapacidad que no puedan tener en la infraestructura penitenciaria donde cumplan sus sentencias adecuaciones de infraestructura necesaria”, añadió.

De esta manera, la subsecretaria sostuvo que “son más de 12 mil personas las que potencialmente puedan acceder a este beneficio de manera automática, sin además tener mecanismos de acreditación de las circunstancias de salud que vayan a invocar al tribunal”.

Alerta por avance en el Senado

Por otra parte, ha causado controversia la situación del senador Javier Macaya (UDI), quien mantiene a su padre condenado por abuso sexual y de igual forma se manifestó a favor de la iniciativa.

Ante esto, la subsecretaria planteó que “es algo que le compete al ámbito del Poder Legislativo. Nosotros somos muy respetuosos de la separación de Poderes. Es el Senado el que tiene que definir las inhabilidades”.

Sin embargo, apuntó que “lo peligroso que es el mensaje que se envía a la sociedad y lo peligroso, en los hechos, tanto para las víctimas de los delitos como para la sociedad en su conjunto”.

En ese sentido, detalló que, incluso, personas ligadas al crimen organizado podrían acceder a la conmutación de penas.

“Hoy le estamos abriendo la puerta para que puedan ir a cumplir sus condenas en sus casas y, además, sin ningún resguardo de que efectivamente vayan a cumplir sus condenas”, dijo.

Por último, la autoridad lamentó el avance de este proyecto. “Es muy difícil de comprender cuando es la misma Sala del Senado que hace algunos meses atrás se negó a discutir el proyecto de ley que patrocinó el Ejecutivo, que era de protección materno infantil para poder permitir de las mujeres embarazadas y con hijos menores de tres años, que en la proyección máxima son 168 mujeres, excluyendo delitos graves y que vulneraran derechos de niños, niñas y adolescentes, y con tobillera electrónica…”.

“Esa misma Sala se negó a discutirlo y lo envió a la comisión de Constitución, donde no pudimos avanzar porque se señaló que le entregaba un mensaje a la ciudadanía de completa impunidad”, agregó.