Ética y transparencia de BioBioChile
El fin de semana, Puerto Montt instaló una discusión nacional luego de que un joven fuera obligado a pagar 300 mil pesos tras realizar un rayado en una jardinera en el centro de la ciudad.
El caso reactivó el debate sobre los mecanismos actuales para enfrentar los grafitis y daños al espacio público.
La discución va desde ordenanzas municipales hasta la Ley 17.288, que sanciona intervenir monumentos nacionales.
En el Expreso Bio Bio conversamos con Macarena Ibarra, directora de Núcleo Patrimonios y académica del Instituto de Estudios de la Universidad Católica, quien explicó que Chile combina normas locales y legislación estatal.
Si embargo la académica advirtió que la discusión no puede limitarse a sanciones.
Agregó que el fenómeno del rayado no es nuevo ni exclusivamente chileno, y que la respuesta punitiva debe complementarse con programas preventivos, educación cívica y estrategias de convivencia en el espacio urbano.
Ibarra planteó que la diferencia entre grafiti institucionalizado y rayado anónimo es clave para avanzar en soluciones.
Indicó que experiencias internacionales muestran que algunas expresiones pueden integrarse mediante autorización de propietarios o municipios.
Sin embargo, los daños no autorizados requieren sanción combinada con políticas que fortalezcan el respeto ciudadano por el espacio público.
