Agorechi tras irregularidades detectadas por CGR: "Cada gobernador tendrá que responder si hay falta"

Diego Álvarez Calvo

Periodista de contenido audiovisual

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Ética y transparencia de BioBioChile

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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Agorechi, asociación de gobernadores regionales, defiende la "presunción de inocencia" tras informe de Contraloría que detectó irregularidades en seis Gobiernos Regionales. Auditorías analizaron transferencias a sector privado para evitar conflictos de interés y uso indebido de recursos. Presidente de Agorechi, Pablo Silva, destaca que investigaciones deben aclarar situaciones administrativas, no necesariamente vinculadas a campañas. Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, bajo escrutinio por contratación de servicios que podrían relacionarse con campaña electoral.

La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) apuntó a la “presunción de inocencia” tras las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

Cabe mencionar que en las auditorias del ente contralor se analizaron las transferencias efectuadas por cada GORE al sector privado, poniendo atención a que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral, ni con publicidad y/o difusión de estas.

Asimismo, se verificó que cada Gobierno Regional haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas con sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral.

Ante esta situación, en conversación con el Expreso Bío Bío, el presidente de la Agorechi, Pablo Silva, explicó que “estas son auditorias que hicieron el año pasado y si uno revisa los informes, se cuestionan situaciones que no tienen que ven con campañas”.

“En algunos casos, de rendiciones, de organizaciones, de aspectos administrativos. Y son procesos que se van a iniciar en investigación”, agregó.

“Cada uno de los gobernadores responderá si hay falta o no”

De esta manera, Silva apuntó a que “no está tan corroborado” que exista vínculo con campañas políticas en las irregularidades detectadas por la Contraloría, y que “hay que hacer las investigaciones correspondientes”.

Asimismo, agregó que “cada uno de los gobernadores responderá si hay falta o no. Pero, tenemos que partir por la presunción de inocencia”.

Pero, de todos modos, sostuvo que “hay situaciones que tienen que ver con lo diario de las gobernaciones regionales”.

En medio de este escenario, uno de los más apuntados fue Claudio Orrego, gobernador Metropolitano, donde el ente contralor estableció que durante el año pasado, el organismo pagó un total de $31.366.179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.

En la revisión, se constató que las sesiones no se relacionaban con contenido asociado a coaching, como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas, sino que se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral de Orrego para su reelección.

Al ser consultado por esto, Silva apuntó a la explicación entregada por el propio Orrego: “Es una asesoría que corresponde a sus equipos de trabajo y la venía realizando hace mucho tiempo atrás. No hay una corroboración, efectivamente, de que sean actos de campaña”, dijo.

Entonces, añadió, “tiene que demostrar el Gobierno Metropolitano que efectivamente se refería a eso”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.

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Agorechi, asociación de gobernadores regionales, defiende la "presunción de inocencia" tras informe de Contraloría que detectó irregularidades en seis Gobiernos Regionales. Auditorías analizaron transferencias a sector privado para evitar conflictos de interés y uso indebido de recursos. Presidente de Agorechi, Pablo Silva, destaca que investigaciones deben aclarar situaciones administrativas, no necesariamente vinculadas a campañas. Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, bajo escrutinio por contratación de servicios que podrían relacionarse con campaña electoral.

La Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) apuntó a la “presunción de inocencia” tras las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

Cabe mencionar que en las auditorias del ente contralor se analizaron las transferencias efectuadas por cada GORE al sector privado, poniendo atención a que no exista conflicto de intereses y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral, ni con publicidad y/o difusión de estas.

Asimismo, se verificó que cada Gobierno Regional haya destinado sus recursos (humanos, físicos y tecnológicos), sus vehículos, dependencias y respectivas corporaciones a la realización de labores relacionadas con sus funciones y no a actividades de carácter político o electoral.

Ante esta situación, en conversación con el Expreso Bío Bío, el presidente de la Agorechi, Pablo Silva, explicó que “estas son auditorias que hicieron el año pasado y si uno revisa los informes, se cuestionan situaciones que no tienen que ven con campañas”.

“En algunos casos, de rendiciones, de organizaciones, de aspectos administrativos. Y son procesos que se van a iniciar en investigación”, agregó.

“Cada uno de los gobernadores responderá si hay falta o no”

De esta manera, Silva apuntó a que “no está tan corroborado” que exista vínculo con campañas políticas en las irregularidades detectadas por la Contraloría, y que “hay que hacer las investigaciones correspondientes”.

Asimismo, agregó que “cada uno de los gobernadores responderá si hay falta o no. Pero, tenemos que partir por la presunción de inocencia”.

Pero, de todos modos, sostuvo que “hay situaciones que tienen que ver con lo diario de las gobernaciones regionales”.

En medio de este escenario, uno de los más apuntados fue Claudio Orrego, gobernador Metropolitano, donde el ente contralor estableció que durante el año pasado, el organismo pagó un total de $31.366.179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.

En la revisión, se constató que las sesiones no se relacionaban con contenido asociado a coaching, como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas, sino que se aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral de Orrego para su reelección.

Al ser consultado por esto, Silva apuntó a la explicación entregada por el propio Orrego: “Es una asesoría que corresponde a sus equipos de trabajo y la venía realizando hace mucho tiempo atrás. No hay una corroboración, efectivamente, de que sean actos de campaña”, dijo.

Entonces, añadió, “tiene que demostrar el Gobierno Metropolitano que efectivamente se refería a eso”.

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