Abogado denuncia la ineficiencia estatal en megaincendio que dejó 137 muertos en Valparaíso

Un grupo de familias de más de 60 fallecidos en el devastador incendio que arrasó Valparaíso los días 2 y 3 de febrero de 2024 ha interpuesto una demanda civil contra el Estado de Chile.

En específico, la acción legal busca una indemnización de $49.500 millones, argumentando que la tragedia, que cobró la vida de 137 personas, se debió a la falta de preparación y reacción de diversas instituciones públicas.

Para comprender más sobre la demanda, en Expreso Bío Bío conversamos con Felipe Olea, el abogado de las familias afectadas.

Olea explica que la demanda incluye a organismos como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Gobernación Regional de Valparaíso, la Delegación Presidencial y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.

Demanda civil contra el Estado

Familias exigen $49.500 millones al Estado por “fallas en prevención y reacción” en incendio de Valparaíso

Según explica Olea, las familias manifiestan que la falta de medidas de prevención, como la implementación de cortafuegos y planes de evacuación, sumada a la ineficiencia en la respuesta y la ausencia del Estado en la reconstrucción, fueron factores determinantes en la catástrofe.

“Ya no estamos buscando solamente la responsabilidad en este caso delictual de las personas que permitieron que este incendio se generará, hoy estamos buscando la reparación económica para cada uno de los familiares de los fallecidos”, explicó Olea.

En relación a la compensación, el abogado detalla que se estableció esa cifra de comprensión con base en fallos previos de la Corte Suprema.

Como referencia, menciona el caso de la familia Luchsinger-Mackay, donde la justicia determinó una indemnización de $500 millones por cada persona fallecida.

Sin embargo, dadas las circunstancias de esta tragedia, la cifra solicitada por cada víctima asciende a $750 millones.

“Pero esto no quiere decir que cada demandante esté aspirando a percibir esta cifra, porque, por cierto, técnicamente uno a la demanda se interpone por un valor, pero se dan los tribunales los que ajusten efectivamente la cifra indemnizatoria que correspondan”, detalló Olea.

Revisa la entrevista completa.