Ética y transparencia de BioBioChile

Hace un tiempo la Contraloría hizo estallar la bomba en la que se transformó el caso de las miles de licencias médicas fraudulentas en el aparataje estatal, donde al menos 29 mil funcionarios estaban involucrados en irregularidades.

Si bien quienes enferman en nuestro país tienen el derecho a ausentarse laboralmente, pero no a hacer mal uso de esos días de ausencia laboral viajando al exterior, que era principalmente el foco cuando estalló esta situación.

Este jueves nos damos cuenta que poco han avanzado de estos sumarios y si bien hay personas que han sido desvinculadas, es un número muy reducido respecto a los casos totales denunciados.

El foco está puesto en si se podrán resolver de manera pronta los cerca de 21 mil sumarios que aún están pendientes, lo que cuestiona si es que hay capacidad este nivel de análisis de antecedentes, cuando efectivamente el fondo o el foco es lo correcto.

Poder resolver en los tiempos oportunos es algo que es fundamental, ya que en la práctica se ha descubierto un fraude que se aplicó al Estado, donde muchas personas aprovecharon el momento en que estaban con licencia médica, viajando al exterior.

Cuando estalló este tema muchos hablaban de sanciones drásticas, de aplicar el rigor de la ley, toda la fuerza del Estado,
que esto no se iba a dejar pasar, pero nos estamos dando cuenta que parece que sí se ha dejado pasar, con las cifras que hemos conocido.

Las cifras de las licencias médicas

Este caso reveló casi por primera vez, la forma en la que la Contraloría podía hacer cambios, emitiendo un informe circularizado donde da a conocer los datos de emisión de licencias médicas en 2024 y 2025, evidenciando que más de 29.270 funcionarios públicos, salieron del país, incluyendo a algunos que lo hicieron en más de una ocasión.

Al día de hoy, 23.745 de esos 29.000 funcionarios continúan en el servicio. Hay voces que dicen que esto en el mundo privado habría significado despido casi de inmediato.

Pero llama la atención que nueve meses después, entre el 75 y el 80 ciento de los casos sigue trabajando en el Estado, mientras 5.525 personas ya no trabajan en el aparato público.

Muchas de esas personas salieron sin que se hubiese siquiera iniciado el sumario, es decir, salieron libres de polvo y paja, o renunciaron posterior al inicio de un sumario y aún así arriesgan las sanciones administrativas, porque de lo contrario les salió gratuito.

La pregunta que queda es por qué el Estado no logra funcionar, por qué un sumario administrativo puede tardar tanto tiempo. Está el derecho de cada trabajador de apelar ante cualquier tipo de medida administrativa que no sea la correcta. A cualquier persona le puede pasar que alguna empleadora, el jefe, en este caso el superior tome una medida que uno considere que no es la correcta y puede apelar. Que se
garantiza un debido proceso.

Pero acá, a nueve meses, que 23.000 de 29.000 sigan ahí y haya más de 21.000 funcionarios que todavía están en sumarios en proceso, se podría decir que es por lo menos una señal grave de que que no está funcionando la administración.

De un rato para otro, en medio de un proceso de leccionario, se fue esto quizás enfriando y nos damos cuenta que poco o nada se ha avanzado en resolver estos casos. El Estado no da abasto.

Lo que queda se saber qué va a pasar con estos sumarios que aún siguen en curso. ¿Va a haber o no una sanción ejemplificadora para marcar un precedente?

Hay distintas sanciones a las que pueden acceder estos funcionarios. La primera es la administrativa que tiene que ver con las inhabilidades de ejercer cargos en el aparato público durante un determinado tiempo. Hay algunas inhabilidades que incluso son por siempre permanentes.

Otra sanción es la sanción penal. Y ahí tenemos otro carril que es que este caso también está en la lista penal, por lo que podría existir algún tipo de sanción que esté liderada por la fiscalía, por el Ministerio Público. Y lo último son sanciones más que nada patrimoniales, donde está el Consejo de Defensa del Estado.

Lo que ya ocurrió con las licencias médicas es brutal y no debe volver a ocurrir. Eso marca un precedente respecto a lo que tiene que pasar más adelante, pero tampoco podemos estar con los ojos vendados diciendo que todo funciona espectacular si a nueve meses los sumarios no están cerrados.

¿Cómo se puede confiar en una institucionalidad que teniendo una prueba de tal magnitud todavía no me entrega una respuesta clarificadora o ejemplificadora de lo que se debería hacer?