El fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, investigando el bullado Caso Procultura, golpeó la puerta para que la justicia le autorizara una escucha telefónica al presidente Gabriel Boric.

Entre los documentos presentados al Juzgado de Garantía de Antofagasta, había uno que decía “tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura, derivaron en otros fines, específicamente el financiamiento irregular de la campaña del Presidente de la República”.

La intención del fiscal Cooper era que le autorizaran pinchar el teléfono del Presidente, pero la base de la declaración viene de una supuesta confesión donde una persona dice que Alberto Larraín le habría dicho que no le podría pagar unas facturas, ya que no tenía la plata y este dinero habría ido a la campaña del actual Presidente Gabriel Boric.

En la práctica lo que decía la escucha telefónica no era así, ya que eran convenios del 2021 y no eran con el Ejecutivo sino proyectos pagados por mineras, que eran recursos que iban en beneficios sociales, según revela Ciper.

Lo que revela el medio de investigación tiene que ver con la mala calidad de las investigaciones, es decir pedir pinchazos sin reposar y analizar en derecho todos los antecedentes, lo que puede generar portazos duros en la cara. Esto ya que según la ley los fiscales deben actuar con objetividad, investigar con celo y tienen que mirar todo, no casarse con una sola teoría, que muchas veces vienen de los grandes estudios jurídicos.

Desprolijidades de Cooper

De que pasaron cosas en Procultura, no cabe duda, pero el punto es la calidad de las investigaciones para llegar a intervenir el teléfono de alguien cómo el Presidente. Esto se puede hacer, pero debe haber calidad, rigurosidad y objetividad en la investigación para llegar a eso.

Cuando los fiscales cometen errores, o las autoridades cometen errores, como ocurrió con el subsecretario de Pesca, se pone en duda la credibilidad de todo el sistema y se instala la duda en el clima político.

No es necesariamente que la investigación sea mala, pero lo que se está exigiendo es que sea pulcra y rigurosa. Si hay frases de confesión que no están bien investigadas, recibirán portazos. EL Juzgado de Garantía de Antofagasta fue cauteloso al rechazar el pinchazo al Presidente, a pesar de que son conocidos por autorizar intervenciones telefónicas, principalmente por Ley 20.000.

Más allá de lo anterior, hay que seguir investigando todo en el Caso ProCultura.