En una decisión cargada de polémica e indignación social, la Justicia de Argentina absolvió a dos funcionarios que en la provincia de Córdoba le habían impedido a un hombre despedirse de su hija, Solange Musse (21), cinco días antes de que ella muriera de un cáncer de mama terminal en el marco de la pandemia de Covid-19. Fue en 2020, en un control sanitario de Huinca Renancó, donde le prohibieron el paso, a pesar de que Pablo Musse (63) no tenía síntomas compatibles con la enfermedad tan temida que había provocado las restricciones.

Más allá de la decisión final, el caso judicial de Solange Musse es el primer proceso en la Argentina que llega a sentencia por hechos cometidos en el marco de las restricciones sanitarias durante el coronavirus, por lo que la expectativa por más resoluciones para víctimas de denuncias similares está al caer.

El jurado popular de Río Cuarto definió el lunes pasado absolver a Eduardo Andrada, entonces director del hospital local y referente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), y a Analía Morales, trabajadora social del hospital e integrante de la mesa epidemiológica. Ambos estaban imputados por los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”.

Mientras que la Fiscalía de Cámara pedía un año y seis meses de prisión de ejecución condicional para ambos, la querella quería dos años de prisión condicional. Los defensores de los acusados fueron por el camino de la absolución, algo que finalmente consiguieron.

“No esperábamos este resultado ni este fallo. El jurado volvió a enterrar a Solange”, dijo Musse al diario La Voz. De todos modos, confirmó que van a apelar el dictamen “hasta las últimas consecuencias”. Los fundamentos del escandaloso fallo se conocerán el 3 de octubre.

Por su parte, Teresa Oviedo, la mamá de Solange, había llegado al juicio en medio de un tratamiento de quimioterapia, con un cáncer reaparecido en el intestino (ya había atravesado la enfermedad en 2007).

El caso de Solange, la argentina que murió sin decirle adiós a su papá por el aislamiento

El 16 de agosto de 2020, Pablo Musse inició un viaje desde Neuquén, al sur de Argentina, acompañado por su cuñada con una discapacidad motriz, Paola Oviedo, con un único objetivo: reencontrarse con su hija Solange, de 21 años, internada en el Sanatorio Allende de Córdoba con un cáncer de mama terminal.

La joven estaba bajo cuidados paliativos en la localidad de Alta Gracia, junto a su madre Teresa Beatriz Oviedo (63), y esperaba poder abrazar a su padre tras meses impedidos por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictado por el entonces presidente Alberto Fernández. Ese abrazo nunca ocurrió.

En el puesto sanitario de Huinca Renancó, al sur de Córdoba y en el límite con la provincia de La Pampa, las hipocresías de los altos mandos de poder quedaron al descubierto. Allí, bajo la coordinación del COE, el ingreso a Córdoba del papá de Solange fue rechazado, a pesar de que nunca mostró síntomas compatibles con Covid-19.

Según la reconstrucción judicial, Pablo Musse y su cuñada quedaron demorados en la casilla sanitaria a cargo de la empresa Emerghr. Se les practicaron test rápidos de Covid-19. El resultado del padre fue “dudoso”. El protocolo contemplaba confirmarlo con un PCR, pero esa posibilidad nunca se habilitó.

Entonces, al hombre lo escoltaron con cuatro móviles policiales hasta la frontera provincial y, en un viaje de varias horas, fue obligado a regresar a Neuquén, incluso sin poder descansar ni detenerse para el baño. En un momento, hasta Pablo debió asistir a Paola, en silla de ruedas, para que pudiera orinar a la vera de la ruta. Las restricciones eran extremas, y no había atisbos de humanidad en el trato de las autoridades.

Cinco días después, el 21 de agosto, Solange murió sin darle el último adiós a su padre. Pero antes de partir, la joven dejó escrita una carta que hoy sigue siendo una de las piezas más duras del expediente: “Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona”.

Además de extenso, el derrotero judicial fue complejo y repleto de obstáculos por los involucrados. Primero, la familia Musse presentó denuncias en el fuero federal, argumentando que la responsabilidad debía recaer sobre el Gobierno nacional, que había dispuesto el ASPO para frenar el avance del Covid-19, aún lejos de su pico de contagios y fallecidos.

Incluso se mencionó al presidente Fernández. Pero la Corte Suprema de Justicia resolvió que el caso correspondía a la justicia provincial de Córdoba. Así, el expediente avanzó hasta desembocar en la Cámara del Crimen N°1 de Río Cuarto, con el tribunal integrado por Vaudagna, Rins y Ortiz.

Las audiencias de los últimos días reunieron los testimonios de Eugenia Lobo, quien realizó los testeos en el control fronterizo. La mujer aseguró haber practicado dos pruebas rápidas al papá de Solange, ambas con resultado positivo.

En tanto, su superior, identificado como Domingo Marro, declaró que transmitió esos datos a Eduardo Andrada -el condenado y exdirector del hospital zonal-, aunque admitió que no informaba los resultados negativos.

El abogado de la querella, José Nayi, enfatizó que “las bioquímicas confirmaron que Andrada era el responsable del puesto sanitario y que fue él quien ordenó que (Pablo) Musse vuelva a su casa patrullado”.

La defensa, en cambio, buscó relativizar esa responsabilidad. En su intervención, argumentó que Andrada no tenía conocimiento del caso Solange ni de la situación de su tía Paola Oviedo -con una discapacidad motriz- y que debía aplicar sí o sí el “protocolo 48”, que exigía un PCR negativo para ingresar a Córdoba sin excepciones, más allá del motivo o del destino. Básicamente, que se trataba de un cumplimiento mecánico de normas sanitarias, no de una decisión personal o arbitraria.

Finalmente, este 15 de septiembre, la Justicia le dio la razón a los acusados, quienes salieron absueltos de los delitos.

Al hacer memoria del caso Solange, el contraste es inevitable: mientras a su padre le prohibieron despedirse de su hija, días antes la exprimera dama Fabiola Yáñez festejaba su cumpleaños en la Quinta de Olivos, con la presencia del presidente Fernández y varios amigos, en pleno aislamiento estricto por el Covid-19 (las fotos de la fiesta se conocieron un año después). Como castigo, la entonces pareja y el resto de los invitados pagaron apenas un resarcimiento económico avalado por la Justicia que los dejó en condiciones de ser sobreseídos.