A Romilio Hernández le apodaban “el Papi”. Y no solo por su edad. Con los años había logrado cambiar, según necesitara, el rol de funcionario judicial por el de prestamista en la Secretaría Civil de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por años entregó sumas que podían ir desde los 200 mil pesos a unos cuantos millones a cualquier empleado de la judicatura que lo necesitara. Solo requería una garantía -cheques por lo general- para asegurarse que le pagarían en tiempo y forma.

“El Papi” tenía su negocio montado dentro del Palacio de Tribunales, en cuyo segundo piso funciona la Corte Suprema, la epítome del Tercer Poder del Estado.

No era un negocio con el que se hacía millonario -dicen quienes requirieron sus servicios-, pero le proporcionaba un flujo de plata seguro, sin impuestos y ayudaba a quienes tenían un apuro. Podía ser un imponderable, el sueldo no alcanzaba para llegar a fin de mes, una cuota atrasada de un crédito, el pago de contribuciones, las vacaciones de verano. Como fuera, “el Papi” siempre estuvo allí como un salvador que no hacía preguntas. ¿A cuántos les prestó? Es una pregunta que aún carece de respuestas.

Usura

El crédito rápido, sin pasar por trámites engorrosos en bancos e instituciones financieras, tenía un costo. Nada es gratis en la vida. Y cumpliendo esa máxima, “el Papi” cobraba intereses. Las versiones no coinciden. Algunos funcionarios consultados por este medio, aseguraron que era un quince por ciento, otros un diez e incluso veinte. En cualquier caso, iba más allá de la tasa máxima convencional del mercado, que al menos hasta mayo pasado no superaba los tres puntos mensuales.

Entre los abogados consultados por Radio Bío Bío usura es la expresión legal. Es un delito tipificado en el artículo 472 del Código Penal que establece claramente: “El que suministre valores, de cualquier manera que sea, a un interés que exceda del máximo que la ley permita estipular”.

El mayor activo de “el Papi” era la gélida reserva. La misma que mantenían los que buscaban solventar algún gasto. Ninguno, reconocen en tribunales, cuestionó la ganancia que obtenía. Era mejor así.

Marido engañado

Quien dirige la Secretaría Civil en el tribunal de alzada capitalino es Sonia Quilodrán Le- Bert. Es una funcionaria importante para la maquinaria judicial. Completa a mano cheques por cientos y miles de millones de pesos y firma una cantidad de documentos que varía diariamente, pero que nunca son pocos. Su rúbrica es sinónimo de que todo está en regla.

Llegó hace pocos años en reemplazo de otra mujer igual de importante: Juana Godoy Herrera, la jueza que en 1978 encontró 15 cuerpos en los Hornos de Lonquén, uno de los primeros hallazgos de los asesinados por la dictadura militar.

Hoy Quilodrán Le-Bert es la jefa a cargo de las materias administrativas y judiciales de la oficina, pero también debe mantener la disciplina, enterarse de lo que que sucede en su metro cuadrado. Y tiene un peso mayor, porque es la esposa del ministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gunderlach.

Los muros del Palacio de Tribunales tienen oídos, por lo que luego de algunas preguntas formuladas por este medio entre algunos funcionarios sobre la existencia de “el Papi”, el rumor llegó hasta su oficina.

En conversación con este medio, Quilodrán Le-Bert explicó que lo ocurrido es similar a la teoría del “marido engañado”, ese que siempre se entera al final, aún cuando todo pasó frente a sus ojos sin percatarse. Dijo que nunca supo, que todo se manejaba en secreto y que por cierto al jefe nunca le cuentan lo que está fuera de norma. Al menos para un par de ministros inquiridos sobre el particular, la situación resulta “posible”, pero también “poco verosímil”.

Por lo anterior, Quilodrán Le-Bert comenzó a recopilar información en las dependencias a su cargo, las que plasmó “en un informe que le entregué al presidente”, explicó.

El documento está hoy en el escritorio del titular de la Corte de Apelaciones de Santiago, Javier Moya. El magistrado lo analizará y atendido a que los hechos podrían revestir un ilícito, es altamente probable que pase a conocimiento del pleno, instancia que reúne a todos los ministros que conforman la instancia judicial. “Lo mínimo es que se ordene una investigación”, dijo un magistrado a quien se le requirió su parecer.

Yo, Claudio

Hoy “el Papi” está retirado del Poder Judicial. Se fue en 2018, pero en la misma secretaría aseguran que dejó a una funcionaria a cargo de los clientes. Y quien no paga, se enfrenta a un amigo de “el Papi”. Se trata de un receptor judicial que “advierte” que de no cumplir lo acordado, podría caerle encima un rápido embargo de bienes, gracias a sus contactos en los tribunales civiles. Por eso, se comenta, “el Papi” tiene una baja cartera vencida.

Este medio revisó el Dicom de “El Papi”. Figura sin propiedades ni sociedades y una dirección en Renca con una casa humilde. En el informe comercial aparece un teléfono fijo y un celular. El primero no existe. El segundo lo contestó una mujer que aseguró que “el Papi” carece de móvil y que usaba el de ella para cuando compraba “cosas en Falabella”. “Es un teléfono de recados”, dijo.

Para muchos en los pasillos de tribunales “el Papi” siempre fue un misterio, que nunca supieron de su existencia. Para otros, el que los ayudó cuando lo necesitaron. Un personaje que supo llevar su negocio en silencio y protegido por los expedientes cosidos con hilo blanco y pegados con goma que a diario habitan las dependencias de la Secretaría Civil.

Un hombre que comprendió que para él, como para sus clientes, mantener la boca cerrada fue siempre el mayor activo financiero.