La orden del tribunal de alzada busca conocer quiénes los nombraron y en qué causas intervinieron entre 2015 y 2018. Existe la sospecha de que el alto magistrado pudo haber intervenido en la elección de su hijo, Manuel Valderrama Escobar, como árbitro en una partición de terrenos, por la que cobraría más de 200 millones de pesos. Este último, fue sancionado por rematar dicha propiedad de 4 millones de dólares estando inhabilitado para ello. Actualmente, la designación de un árbitro o partidor queda a criterio del secretario civil, sin otro elemento que el listado de inscritos en el Poder Judicial. De allí que el comentario obligado en los pasillos de tribunales es que siempre hay tráfico de influencias detrás los nombramientos.

En enero pasado, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago aplicó una censura por escrito al árbitro Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Suprema Manuel Valderrama Rebolledo, por haber rematado un terreno de casi 4 millones de dólares, pese a estar inhabilitado para ello, entre otras anomalías. No fue lo único. También inició un sumario en contra del notario que inscribió la propiedad, Cosme Gomila y al secretario y juez suplente del 18 Juzgado Civil de Santiago Adrián Reyes, ya que ambos habrían actuado fuera de la legalidad.

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La indagatoria sustanciada por la fiscal judicial Javiera González, refiere a un juicio que tiene como partes a la minera Santa Lucía -dedicada a la extracción de áridos- y a la familia Padilla dueños del 80 por ciento de un terreno colindante a la firma, en San Bernardo. En 2015, se enfrascaron en un litigio donde el 25º Tribunal Civil de Santiago nombró precisamente a Valderrama Escobar para hacer la partición de tierras.

El hecho no tendría nada de anormal, salvo que ese año el abogado de la empresa era José Luis Pérez Calaf -actual fiscal regional occidente- quien mantiene una relación de amistad con el ministro de la Suprema, tal como lo reveló la semana pasada la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

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La sospecha de que este último pudo haber intervenido en el nombramiento de su hijo, derivó en que el tribunal de alzada capitalino oficiara a los 30 juzgados civiles que operan bajo su jurisdicción para que envíen una relación detallada, desde 2015 a 2018, de todos los árbitros o partidores designados con sus respectivas identidades, en qué causas intervinieron y por quiénes fueron nombrados.

El documento provocó la preocupación entre los magistrados civiles, ya que la designación de árbitros en la actualidad queda a criterio del secretario del juzgado, a partir de quienes están inscritos ante el Poder Judicial. De allí que el comentario obligado en los pasillos de tribunales es que siempre hay tráfico de influencias detrás los nombramientos.

Un hecho que demuestra esta libertad en la elección, ocurrió en 2001. En la oportunidad, se descubrió que la jueza civil Lya Cabello había concedido siete arbitrajes en tres años a la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski.

El caso escaló hasta el máximo tribunal y Cabello fue sancionada con un llamado de atención y Szczaranski removida del arbitraje minero en que participaba, a raíz del reclamo de una de las partes.

Lya Cabello, en la actualidad, es fiscal de la Suprema y pareja del presidente de la instancia, Haroldo Brito.

Golpes en El Golf 40

El litigio que enfrentó a la Minera Santa Laura con la familia Padilla, hace más de diez años, pero solo tomó forma en 2015, cuando Juan Cristi, dueño de la Minera Santa Laura, compró a una de las hermanas del clan los derechos de sucesión -heredados tras la muerte de su padre- en 360 millones de pesos. La adquisición le permitió entrar en la propiedad, contratar a Pérez Calaf e iniciar la partición del terreno ubicado precisamente al lado de la firma.

Fue así que Valderrama Escobar, con apenas dos años de experiencia laboral, quedó a cargo de partir la tierra, con la oposición de los Padilla, en medio de una guerra de recursos judiciales entre ambas partes, que se prolongó por más de un año.

El corolario de esta historia ocurrió el 29 de enero de 2017 en El Golf 40, en la zona oriente de Santiago a las 09.00 horas. Ese día, Valderrama Escobar remataría la propiedad en 2.400 millones de pesos sin que los Padilla ni sus abogados estuvieran presentes. Quien sí lo estaba, era Eduardo Lagos, patrocinante de la minera Santa Laura como único oferente.

Iniciado el trámite, los hermanos Rubén y Pablo Padilla, le gritaban a Valderrama Escobar que el 19º Juzgado Civil había paralizado el remate y que estaba inhabilitado de ejecutarlo.

Como no obtuvieron una respuesta positiva, se abalanzaron sobre Lagos y Valderrama Escobar, iniciándose una gresca donde el computador de este último resultó destruido, como también los vale vista con que se pretendía adquirir el terreno.

Tal fue la trifulca en el edificio, que a los pocos minutos llegó Carabineros, procediendo a detener a los participantes de la pelea.

Como indica el protocolo, todos constataron lesiones. Luego, a eso del mediodía, Valderrama Escobar quedó en libertad, mientras que los Padilla pasaron al día siguiente a control de detención, siendo formalizados por lesiones leves.

Los Padilla pensaron que con la destrucción del notebook y los documentos bancarios habían evitado que se vendiera el terreno.

Sin embargo, Valderrama Escobar volvió a la oficina y realizó el remate del predio a las 17.00 y a las 17.30 horas otra propiedad menor, adjudicándolos a la Minera Santa Laura.

La distancia entre el Golf 40 y Ahumada 341, donde se ubica la notaría de Cosme Gomila, hacen poco probable que hubiese llegado antes de las 18.00 horas, cuando está fijado el cierre. Para lograrlo, Valderrama Escobar hizo gestiones previas para realizar con celeridad la formalización la escritura, tal como lo reconoció a este medio.

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Días más tarde, el abogado de la firma Eduardo Lagos, concurrió al Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo a inscribir el documento. Sin embargo, errores formales lo impidieron.

La familia Padilla interpuso entonces un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que derivó en la investigación a Gomila y al secretario del 18 Juzgado Civil de Santiago, como también la sanción a Valderrama Escobar. Este último, sin embargo, apeló de la decisión a la Corte Suprema, tribunal que aún no fija fecha para resolver si mantiene, eleva o anula la decisión del tribunal de alzada.

En paralelo existe una querella en contra de Valderrama Escobar, que tramita la Fiscalía Centro Norte por el delito prevaricación y desacato en la que este último ya declaró como imputado.

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