Las elecciones presidenciales y parlamentarias que se avecinan, en primera y segunda vuelta, serán las primeras con inscripción automática y voto obligatorio, dejando definitivamente atrás la introducción del sufragio voluntario en 2012. En los años previos hubo plebiscitos constitucionales (2022 y 2023) y se escogieron consejeros constitucionales (2023) y autoridades regionales y municipales (2024), los cuales obviamente son comicios de distinta naturaleza y alcance, con un promedio de participación en torno al 85%.

El efecto directo del cambio en las reglas es que hay millones de personas que no votaron en las elecciones presidenciales anteriores y que ahora se sumarán a este proceso. Una parte menor de esa cifra se explica por el crecimiento esperado del padrón entre 2021 y 2025 -con 750 mil electores habilitados nuevos-, pero la porción más significativa son personas que en el pasado decidieron no concurrir las urnas y que ahora tienen la obligación de hacerlo, siendo la multa establecida un incentivo para cumplir con este deber cívico.

Si se analizan los datos agregados, entre la primera vuelta presidencial de 2021 y las elecciones regionales y municipales de 2024 hubo más de 6 millones de electores de diferencia (38% del padrón actual). Y entre la segunda vuelta presidencial de 2021 y las elecciones del año pasado la brecha alcanzó más de 4,8 millones de votantes (30% del padrón). Estos “nuevos votantes”, personas que pudiendo ir a votar se abstuvieron, se concentran especialmente en los rangos etarios medios, específicamente en el tramo 30-39 años, con más de un millón de electores de diferencia en este segmento en 2021 – 2024.

Este grupo desde los 30 a 39 años, que prácticamente nació en democracia, se ha desarrollado personal y profesionalmente en una etapa del país marcada por alcanzar mayores niveles educativos que las generaciones precedentes, pero ha visto frustrada muchas de sus expectativas por una economía -que hoy crece a un ritmo menor que en otras décadas y que genera menos oportunidades que las esperadas-, a lo que se suma el impacto del estallido social y la pandemia, cuyas consecuencias aún se pueden observar en la sociedad.

Por ello, para ganar esta elección parece clave entender los intereses del segmento descrito. Y es evidente que para representarlos no basta con un discurso centrado únicamente en más seguridad, orden y mano dura: es necesario un enfoque que también considere el tema económico.

Y en este sentido, la discusión no se puede limitar a la reducción del gasto fiscal, la disminución de ministerios o el despido de miles de empleados públicos, lo primordial es transmitir mensajes que mejoren sus expectativas económicas, y con medidas que sienten las bases para una economía sana y que retome su capacidad para crecer, junto con crear buenas condiciones para la movilidad social y mayor calidad de vida.

Por todo lo anterior, son fundamentales los liderazgos que sean capaces de convocar y movilizar a esos “nuevos votantes”, los cuales serán decisivos para definir el rumbo del país. No es sólo un tema de números: se trata de conectar y representar de forma adecuada a millones de chilenos en sus problemas y desafíos.

Pablo Rodríguez
Cientista Político
Instituto Libertad