Necesitamos cuerpos policiales robustos, inteligentes, capacitados para proteger en lugar de reprimir, que actúen con respeto irrestricto a los derechos humanos y en colaboración estrecha con la comunidad. No podemos contentarnos con parches que apuntan a excluir a ciertos grupos sociales o a restringir el acceso a los espacios comunes, porque eso solo profundiza la inequidad y la exclusión social.

Recientemente, la propuesta de cerrar perimetralmente las plazas públicas en Viña del Mar, planteada por un exseremi de Derechos Humanos y actual concejal, ha vuelto a encender un debate urgente sobre la seguridad en nuestras ciudades.

La medida, que en apariencia busca prevenir delitos, no solo revela un enfoque reduccionista y contradictorio, sino que nos acerca a una paradoja curiosa, y es que el problema de inseguridad no se resuelve, por ningún motivo, encerrándonos.

En este debate, es fundamental comprender que la seguridad no puede ni debe ser tratada como un bien de consumo más, a la par de la educación o la salud, sino como un derecho esencial con exigencias prestacionales concretas para el Estado.

Históricamente, los derechos sociales han sido analizados desde su dimensión prestacional, es decir, la obligación del Estado de proveer recursos y servicios para su ejercicio efectivo, en contradicción con la subsidiaridad del Estado. Este análisis ha sido central para derechos como salud, educación o pensiones.

Sin embargo, la seguridad, a secas, ha sido tratada de forma distinta: tradicionalmente ha sido concebida como una potestad o poder natural del Estado, donde los privados hasta hoy no mostraban un interés económico manifiesto; en palabras simples, no era un negocio muy lucrativo, razón por la cual, el protagonismo legítimo de la fuerza, pertenecía exclusivamente al Estado. Eso ha cambiado.

Hoy, esta concepción ha entrado en crisis: la seguridad pública es claramente deficiente, en buena medida por falta de dotación adecuada y preparación suficiente. La ciudadanía no se siente protegida por la fuerza policial brindada por el Estado. Por el contrario, en muchos casos, siente miedo ante ella.

Es evidente que quienes no cometen delitos temen a la policía, mientras que quienes cruzan los límites de lo legalmente reprochable suelen no temerle. Este escenario revela una crisis profunda en la relación entre seguridad, Estado y ciudadanía, que requiere repensarse desde su raíz.

Chile lleva décadas fallando en cumplir con las expectativas de transformación en la financiación y provisión de derechos sociales fundamentales. La salud pública, pese a los avances, sigue siendo poco efectiva. La educación, por su parte, ha devenido en un sistema fragmentado donde muchas familias optan por colegios pagados para asegurar un mejor futuro para sus hijos.

En ambos casos, la falta de una provisión estatal robusta ha convertido derechos que deberían ser universales en bienes y servicios segmentados por capacidad económica, donde el Estado sigue teniendo una participación subsidiaria.

Seguridad como bien de consumo

Pero ¿qué ocurre con la seguridad? Aquí la dinámica preocupa, justamente por lo anterior: en el actual contexto, la seguridad se está transformando en un bien de consumo muy atractivo para las empresas privadas.

El mercado parece prometer una mejor alternativa que el Estado, quien parece dormido frente a la avalancha de ofertas de rejas, guardias privados que parecen sacados de hollywood, cámaras o sistemas de vigilancia tecnológica avanzados que permiten que la figura del “Tío Emilio” siga vigente. Mientras el Estado se debilita en su rol protector, el mercado se expande ofreciendo “productos” de seguridad para quienes pueden pagarlos, segmentado y generando un esquema de acceso desigual que destruye el concepto de seguridad pública universal.

La propuesta de cerrar perimetralmente las plazas públicas para prevenir delitos parece un reflejo literal de esta tendencia: en lugar de fortalecer un sistema público de seguridad accesible y confiable, se opta por restringir el acceso a espacios públicos, encerrándolos, como si el problema fuera así de sencillo. Es una solución aparente, que en la práctica no resuelve nada y profundiza el problema.

Esta medida también revela una comprensión limitada del rol del Estado en la provisión de seguridad. En sus orígenes, el poder estatal se definió fundamentalmente como un poder protector, encargado de garantizar la seguridad y el orden para todos sus habitantes.

Sin embargo, hoy pareciera que retrocedemos a una lógica donde el Estado delega, subsidia y pierde la capacidad de ofrecer seguridad efectiva a sus ciudadanos, permitiendo que empresas privadas y mecanismos de vigilancia individual llenen ese vacío. El Estado, en lugar de ser garante, se transforma en un espectador que, por su inacción, fomenta la privatización creciente de la seguridad.

No podemos aceptar que la seguridad se convierta en un producto que se transa en la bolsa, como educación o salud. Si la seguridad pública es un derecho, el Estado debe concentrarse y ejercer ese poder de forma inteligente, ética y efectiva. Necesitamos cuerpos policiales robustos, inteligentes, capacitados para proteger en lugar de reprimir, que actúen con respeto irrestricto a los derechos humanos y en colaboración estrecha con la comunidad. No podemos contentarnos con parches que apuntan a excluir a ciertos grupos sociales o a restringir el acceso a los espacios comunes, porque eso solo profundiza la inequidad y la exclusión social.

Si para lograrlo es necesario reconstruir las instituciones policiales, crear nuevas formas de seguridad pública, democratizar su control y fiscalización, pues debiéramos recorrer ese el camino de forma rigurosa y responsable. La seguridad como derecho implica inversión, planificación, innovación y voluntad política firme para construir un sistema que funcione para todas y todos.

En definitiva, las plazas públicas no deben ser cerradas ni privatizadas. En su función social, son espacios esenciales para la convivencia, el encuentro y el ejercicio pleno de los derechos. Espacios de construcción de ciudadanía, pilar fundamental para la cohesión social.

La verdadera seguridad se construye con más Estado, no con menos. Más inversión en espacios públicos, en educación, en salud, en cultura, y sí, también en inteligencia policial real y preventiva. Solo así podremos garantizar una sociedad más justa, equitativa y segura para todas y todos.

Es necesario repensar la seguridad, reconociendo que el Estado no está cumpliendo de forma satisfactoria con el deber de proteger a sus habitantes, y tiene que llegar a tiempo, porque el mercado le está ganando la carrera… el mercado y otros agentes que ofrecen una seguridad, no del todo segura.