Muy distantes de ser espacios de rehabilitación, las prisiones chilenas gradualmente parecen convertirse en catalizadoras de trayectorias delictivas más violentas. Un reciente informe de la Universidad Andrés Bello revela cómo primerizos, especialmente jóvenes, son absorbidos por redes criminales que utilizan el miedo, la droga y la extorsión como mecanismos de reclutamiento.

El informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, que analiza el control territorial de las cárceles en Chile entre 2015 y 2024, debe encender las alarmas.

Los recintos penitenciarios, en lugar de frenar la violencia, están amplificando las trayectorias delictivas -en particular- de quienes ingresan por primera vez, y necesitan protección al interior del recinto, para lo cual a poco andar forman parte de la estructura criminal organizada. Es evidente que la inexistencia de una segregación efectiva lleva a esta relación que consolida y profundiza carreras delictivas tempranas.

Las cifras son la manifestación evidente del incumplimiento de las acciones de custodia y protección con 464 homicidios en una década, donde Colina II concentra el 17% de los casos. La violencia no es fortuita, es estructural. Hay un negocio que la mantiene viva, una verdadera maquinaria criminal: el narcotráfico intrapenitenciario. 33 mil incautaciones de droga, con un aumento de 1.205%, ampliando a dimensión nacional un mercado que parecía confinado a centros de Santiago o Valparaíso. Hoy, Antofagasta y Ñuble muestran los mayores aumentos.

Sin embargo, el dato más inquietante está en el crecimiento geométrico de las extorsiones y amenazas. Un alza del 5.100% en extorsiones y del 279% en amenazas revela cómo las bandas transformaron el control del miedo como su principal mecanismo de dominio.

Desde el CDP Santiago I hasta los penales del extremo norte, la ecuación se repite: pagar por protección, reclutar primerizos y expandir las redes interiores hacia las calles. El informe también documenta más de 52 mil agresiones (+41%), incluidas las sexuales, que subieron un 61%.

La cárcel se está transformando en un laboratorio de violencia ejercida como pasaporte al poder. Jóvenes que ingresan por delitos menores o con medidas cautelares, terminan convertidos en engranajes de organizaciones que operan dentro y fuera de los muros.

No podemos seguir mirando hacia otro lado, lo que sucede en la cárcel, en poco tiempo se traslada a los barrios. La cárcel está reproduciendo el crimen organizado, antesala de un itinerario que comienza con trayectorias tempranas y termina en estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

Este informe es un insumo relevante para entender la necesidad de mirar la política penitenciaria como parte integral de la estrategia de seguridad. Es muy difícil poder recuperar los territorios y desarticular a las bandas que operan sin entender cómo estas dinámicas vienen desarrolladas y están ancladas desde los recintos penitenciarios.

No se trata solo de disponer de más recintos, sino de crear condiciones para una adecuada segregación y aislamiento de los líderes. Éstos operan en medio de los vacíos de control y de los espacios que las mismas organizaciones delictivas construyen a partir de los no pocos casos detectados de corrupción y que deben enfrentarse con el máximo rigor y profundidad. La seguridad de nuestro país está tras las rejas.