Es lo que pasará con el denominado Royalty Portuario, que es impulsado por parlamentarios del oficialismo y apoyado por la también candidata presidencial oficialista y de la DC, Jeannete Jara, quienes al parecer no han medido las consecuencias negativas que esto puede traer al país.
Un nuevo impuesto disfrazado de compensación territorial
Este tributo consiste en una tasa que se cobra a las exportaciones e importaciones que pasan por puertos chilenos. Actualmente, hay dos proyectos de ley presentados por parte del senador Juan Ignacio Latorre (FA), y otro del diputado Luis Cuello (PC).
Ambas iniciativas persiguen crear un nuevo impuesto disfrazado de “compensación territorial”. El proyecto del senador Latorre propone cobrar 2 dólares por tonelada a importadores y exportadores; mientras que la del diputado Cuello, busca el pago de 1 dólar por tonelada a las navieras, con un escalonamiento en tres años. Ambos recaudarían para comunas y regiones portuarias.
Seguramente los autores de las iniciativas van a explicar que se trata de una “medida justa” para compensar a las ciudades portuarias, que afectará a las grandes navieras y que dejará más recursos en los territorios. Sin embargo, esto es falso. El costo real no lo pagarán las navieras, incluso puede ser que se le cargue al exportador, o al productor, o al transportista. Pero el que sí o sí lo pagará, será cada chileno en la cuenta del supermercado, cuando compre algo importado, como por ejemplo las legumbres, el trigo que usamos para la harina, los medicamentos, y para qué hablar de bienes importados de línea blanca y tecnología.
Por otro lado, cabe recordar que las empresas portuarias privadas ya pagan un impuesto por el uso de infraestructura portuaria, el que va a las arcas de los puertos estatales, de los cuales un bajo porcentaje se queda en la ciudad en que está emplazado el puerto utilizado. A ello se suma la Tarifa Única Portuaria (TUP) que pagan las navieras y que en 20 años ha recaudado más de 800 millones de dólares.
Royalty portuario: una mala noticia disfrazada de buena
El denominado “Royalty Portuario” se trata de una mala noticia disfrazada de buena noticia. Es dispararse en los pies, pues se trata de una iniciativa profundamente peligrosa, ya que de ser aprobada restará competitividad, aumentará los costos, encarecerá las importaciones y exportaciones, y de paso frenará inversiones en los terminales portuarios del país.
En definitiva, este no es un impuesto a las navieras: es un impuesto al pueblo chileno. Y si queremos que Chile vuelva a crecer, hay que liberar a quienes producen, no castigarlos con más impuestos para financiar la ineficiencia y el despilfarro del Estado.