Las recientes fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República han puesto en evidencia casos de abuso en el uso de licencias médicas por parte de funcionarias y funcionarios públicos de distintos niveles jerárquicos y en distintas reparticiones.

Desde las organizaciones sindicales hemos sido claros en condenar de forma categórica estas prácticas, que atentan contra la ética pública, el correcto uso de los recursos fiscales y la confianza ciudadana y la dignidad de la función pública.

Sin embargo, es necesario señalar que este justo reproche a estas prácticas, realizadas por una minoría de trabajadores, no puede derivar en una respuesta desproporcionada ni en la estigmatización generalizada del empleo público, especialmente cuando hay problemas de fondo que se están omitiendo en la discusión actual.

Relato populista que busca debilitar derechos laborales

Las situaciones que han salido a la luz están siendo utilizadas por sectores políticos —incluido el oficialismo— para instalar un relato populista que busca debilitar derechos laborales conquistados por los trabajadores y trabajadoras del Estado, presentándolos como “privilegios” ante la opinión pública.

Entre las medidas que se están impulsando desde el gobierno se encuentra el proyecto de Ley que modifica el otorgamiento de las licencias médicas. Uno de sus efectos inmediatos sería la modificación del Artículo 106 del Estatuto Administrativo, que señala que durante la vigencia de la licencia, el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones.

De esa forma, el proyecto pretende instaurar dos días de carencia en las licencias médicas para el sector público, es decir, dos días de licencia que no se pagarán. Lo que a primera vista podría parecer la búsqueda de un “empate” con el sector privado, aumentando dos días de carencia al sector público pero disminuyendo a dos días al privado (que hoy tiene tres), en realidad también es un retroceso para toda la fuerza laboral, ya que instaura esta carencia de dos días a cualquier licencia por enfermedad común. Es decir, se consagra el castigo al trabajador por enfermarse.

Se sabe, además, que desde otros sectores se plantea instalar también los pagos decrecientes de las licencias cuando estas sean extensas, reduciendo progresivamente los porcentajes de pago según la cantidad de días.

No hay justificación para medidas regresivas

Estas medidas, lejos de solucionar el problema estructural que enfrentamos, nivelan hacia abajo y atentan contra el legítimo derecho a descanso y recuperación de las y los trabajadores.

Lo que se presenta como una medida para poner coto a los abusos de parte de los funcionarios públicos, en realidad será una reforma profunda que afectará a toda la fuerza laboral, incluyendo la del sector privado, donde se verán mermados los derechos de todas y todos.

Estas iniciativas pretenden castigar a las y los trabajadores de Chile por las faltas de unos pocos. Si bien la voz ciudadana ha sido clara en pedir sanciones para los responsables, esto no justifica avanzar en políticas regresivas que afectarán a miles de trabajadores que sostienen los servicios públicos y también la producción del país.

Pero lo más grave de toda esta discusión, plagada de datos sesgados y cuñas grandilocuentes, es que se ha desviado totalmente el foco de la pregunta de fondo sobre el crecimiento del ausentismo y el número de licencias.

Crisis de salud física y mental de los trabajadores

Al instalar la sensación de que la mayoría de las licencias son de algún modo fraudulentas, se omite el hecho de que enfrentamos una enorme crisis de salud física y mental de los trabajadores.

En la salud pública conocemos muy bien esta realidad. Académicos, expertos y distintos estudios han evidenciado la existencia de un sistema sobrecargado, con falta de personal, carencia de infraestructura y recursos suficientes, lo que ha impactado en el deterioro de la salud laboral, exponiendo a los trabajadores a condiciones que agotan física y emocionalmente. Esto se repite en sectores como educación y también en muchas áreas privadas.

Sin embargo, hoy el discurso predominante habla de fraudes masivos y funcionarios públicos privilegiados, lo que busca enfrentar a la gran masa laboral del sector privado con quienes trabajan en el Estado. Mientras tanto, se avanza en proyectos de ley que, en lugar de elevar los estándares del empleo en Chile, buscan “emparejar la cancha” a través de la precarización compartida.

El derecho a licencias médicas no es un privilegio

Ayer los datos de Contraloría dieron origen a una ofensiva política contra la función pública. Hoy vemos cómo la fiscalización de licencias viene a golpear con fuerza también al sector privado, siempre instalando la sospecha por delante y extrapolando casos puntuales de mal uso a una regla general que justifique cambios en desmedro de las personas.

Lo que partió con las Isapres reclamando por el alto gasto que estaban suponiendo las licencias de sus afiliados, hoy se traduce en políticas de castigo masivo y amedrentamiento hacia una fuerza laboral sobreexplotada y agotada.

Seamos claros: el derecho a licencia médica no es un privilegio, sino una garantía mínima para proteger la salud de quienes trabajan. Su debilitamiento no solo expone al trabajador, sino también a los usuarios de los servicios públicos, al mismo tiempo que afecta la productividad de las empresas.

En ese sentido, es deber de nuestro espectro político legislar con responsabilidad, no bajo presión mediática ni a través del populismo punitivo.

Apoyamos la fiscalización efectiva, los sumarios y sanciones contra quienes han abusado del sistema. Pero exigimos que ello se haga sin arrasar con derechos colectivos y sin debilitar la función pública, cuya legitimidad también depende de condiciones laborales dignas.