La muerte de Maximiliana Amaro Mamani, quien denunció la ocupación ilegal de viviendas en Colchane, refleja brutalmente el derrumbe del Estado en el norte de Chile. Su asesinato no es un hecho aislado: se suma a los accidentes de camiones bolivianos cargados con combustibles peligrosos en la Ruta 11-CH, a continuos acuerdos bilaterales que solo favorecen a Bolivia, y a una diplomacia chilena que parece pedir permiso para existir.
Hoy, el norte de Chile es una tierra olvidada, entregada como ofrenda al altar del idealismo de izquierda, convertida otra vez en moneda de cambio y zona de sacrificio, como si su dolor fuera el precio inevitable del poder.
Chile ha abandonado su primer deber: proteger a su gente y su territorio
Mientras Bolivia goza de un tránsito irrestricto hacia Arica, sin control ambiental ni responsabilidad, Chile se resigna a ser un simple corredor logístico contaminado. La indiferencia del gobierno central no solo es vergonzosa: es suicida. Los encuentros bilaterales son hoy la triste postal de un Chile que se arrodilla antes de ser empujado.
La Ruta 11-CH, que atraviesa el Parque Nacional Lauca, debería ser resguardada como un corredor estratégico. Sin embargo, se ha entregado al libre tránsito de camiones bolivianos, sin control de narcotráfico, sin seguros obligatorios, sin estándares mínimos de seguridad.
Solo entre 2024 y 2025 se han registrado al menos cuatro accidentes graves, incluyendo el derrame de más de 10.000 litros de diésel en uno de los ecosistemas más frágiles del altiplano. ¿La reacción oficial? La de siempre: mirar para otro lado.
¿Dónde está la ministra Maisa Rojas, tan rápida para predicar sobre el cambio climático en Europa, pero muda ante el desastre ambiental en su propio país? ¿Dónde está la Cancillería, más preocupada de la relección del régimen de Arce que de defender a los chilenos? ¿Dónde están los delegados presidenciales que hablan de descentralización, pero no conocen ni el olor de la paja brava del altiplano?
El Presidente Boric no ha pisado el altiplano
El preidente no ha visto —ni ha querido ver— la contaminación del Lauca, el narcotráfico creciente, las tomas ilegales, ni el desborde de la delincuencia que azota a Iquique. Para este gobierno, el norte no existe. Salvo, claro, cuando hay que recaudar impuestos o buscar votos en campaña.
Mientras tanto, los chilenos sobreviven como pueden: con camiones contaminando sus aguas, con mafias adueñándose de barrios, y con un Estado que prefiere mirar hacia otro lado. No se trata de xenofobia, como desde sus cómodos cafés de Providencia o Ñuñoa algunos iluminados intentan caricaturizar. Se trata de soberanía, de dignidad, de sentido común.
El Tratado de 1904 garantiza el libre tránsito, no el libre daño. Exigimos controles técnicos estrictos, seguros ambientales obligatorios, horarios de paso, sanciones ejemplares y una política exterior que se respete a sí misma. La Cancillería y el Ministerio del Medio Ambiente han fallado en su deber básico: proteger el interés de nuestro Norte Grande.
Balance de cuatro años perdidos
La administración Boric ha significado para Arica y Tarapacá abandono, improvisación y retroceso. Se prometió reforzar el Estado, combatir el crimen y proteger fronteras. ¿El resultado? Más narcotráfico, más violencia, más tomas ilegales, más corrupción y menos fe en las instituciones.
Hoy tenemos dos caminos: resignarnos a que el norte de Chile se convierta en el “far west” sudamericano o recuperar, con decisión y coraje, nuestra soberanía, nuestra seguridad y nuestra dignidad. Nosotros elegimos lo segundo. Y desde marzo de 2026, pondremos fin a esta fiesta del desorden, haremos efectivas las responsabilidades políticas y administrativas, revisaremos lo firmado con Arce y devolveremos el orden en las fronteras.
Que lo escuchen en La Paz. Que lo entiendan en La Moneda.
Por Luz Ebensperger y José Pilo Durana
Senadores de la República (UDI)