El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, expuso durante un seminario sobre políticas penitenciarias organizado por la Universidad San Sebastián la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Durante su exposición a personalidades internacionales y nacionales, entre las que se encontraba el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, el secretario de Estado salvadoreño contextualizó los más de 30 años de violencia que marcaron al país desde los acuerdos de paz de 1992; periodo en el que, según afirmó, la seguridad nunca llegó para los ciudadanos, consolidando las pandillas un estado criminal paralelo.

Villatoro recordó que en 2015 El Salvador llegó a ser la capital mundial del homicidio, con tasas que superaban los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes, con pandillas como las MS-13 o Barrio 18, que no solo controlaban territorios completos, sino que administraban justicia, extorsionaban y actuaban como una estructura que usurpaba funciones del Estado.

La autoridad agregó que por años la comunidad internacional recomendó fórmulas que no lograron frenar la violencia, mientras gobiernos anteriores, siguiendo lineamientos externos, terminaron entregando a las pandillas cárceles segregadas que, según dijo, se convirtieron en centros de operación criminal.

Por lo anterior, criticó la dualidad política de “izquierda-derecha” para combatir el crimen organizado, la que aseguró nunca tuvo la intención de contener y controlar la amenaza. También criticó a diversos periodistas, que, según planteó, legitimaron en libros pactos entre gobiernos y pandillas, como el acuerdo de 2012, generando una épica en el actuar de estos delincuentes.

Giro en la estrategia de seguridad, según ministro de Justicia de Bukele

El ministro sostuvo que, desde los años noventa, una sucesión de reformas penales debilitó deliberadamente la capacidad estatal para enfrentar al crimen. A su juicio, los modelos procesales y la imposibilidad de juzgar en ausencia facilitaron la impunidad de cientos de criminales.

Villatoro defendió las medidas implementadas desde 2019, enmarcadas en el Plan Control Territorial, destacando de ellas, la intervención del sistema penitenciario, la instalación de bloqueadores de señal y sanciones millonarias a operadores telefónicos para asegurar que “en ninguna cárcel del país exista comunicación con el exterior“, afirmando que, de esa manera, el Estado volvió a mandar en las cárceles.

Con todo, el ministro de Bukele justificó el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública y sostuvo que las organizaciones criminales atentaban contra la soberanía desde adentro. Por lo que explicó que las recientes reformas penales permiten castigar no solo delitos de ejecución, sino también la pertenencia a estructuras criminales. Es así como defendió la realización de juicios en ausencia para no dejar cargas a las futuras generaciones.

Respecto a la política penitenciaria, centro del debate del seminario realizado, Villatoro diferenció entre reos comunes, a quienes atribuyó posibilidades reales de reinserción, y miembros de pandillas, sobre quienes afirmó tajantemente: “Con asesinos seriales no negociamos“, asegurando que la ciudadanía no tiene por qué hacerse cargo con sus impuestos de este tipo de personas que “no tiene vuelta”.

Diferenciación de reos y resultados

Hoy en El Salvador, más de 25.000 privados de libertad participan de trabajos comunitarios, construcción de infraestructura y producción de insumos escolares, por lo que la autoridad salvadoreña concluyó que los resultados de seguridad han devuelto esperanza y tranquilidad a la población.

Para concluir, Villatoro aseguró que el respaldo ciudadano a las medidas impulsadas por el Gobierno de Bukele supera el 90%, pese a que, desde su óptica, otras naciones los observen como “bárbaros” por lo extremos de sus medidas, las cuales -a su juicio-, demuestran que sí es posible derrotar a una organización criminal.

Para el secretario de Estado, el factor decisivo ha sido la “voluntad política” del actual gobierno, el cual ha evitado “romanticismos” en el combate al crimen organizado.

Reacciones tras exposición de ministro de Justicia de Bukele

Tras su exposición, la viceministra del Interior de Uruguay, Gabriela Valverde, fue consultada sobre el proceso salvadoreño. La autoridad evitó pronunciarse sobre políticas internas de otros países y enfatizó que Uruguay respeta su republicanismo y su democracia; por lo que, dijo, no corresponde emitir juicios sobre decisiones soberanas.

Sin embargo, respecto a las diferencias ideológicas señaladas por Villatoro en el combate al crimen organizado, Valverde sostuvo que las corrientes de izquierda y derecha pueden compartir objetivos, pero transitan caminos distintos.

Rechazó, además, que la defensa de los derechos humanos pueda considerarse “romanticismo“, afirmando que ese enfoque es propio de los países y organismos que buscan garantizar garantías fundamentales para todas las personas.

También, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, fue consultado por los tópicos expuestos por Villatoro y recalcó que las realidades son distintas y que en Chile la prioridad es consolidar una política penitenciaria de Estado.

El ministro destacó que, al asumir, no existía inhibición de señal celular en las cárceles, y que hoy la cobertura alcanza al 50% de la población privada de libertad, un avance que, insistió, debe ser continuado por futuros gobiernos.

Luego de culminar su exposición, Gustavo Villatoro se retiró sin emitir declaraciones a la prensa, puesto que, según señaló, se encontraba con un problema médico y tras ello se dirigió rápidamente a su siguiente parada en su visita a Chile, la reunión que sostuvo con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.