Un hombre fue condenado a 4 años y un día de presidio menor, tras ser demandado por su excónyuge y su hermano por generar un perjuicio patrimonial al traspasar fraudulentamente escrituras de la sociedad en la que participaban 1984 y que estaba en etapa de liquidación. La pena se cumplirá bajo libertad vigilada intensiva.

La audiencia de lectura de sentencia se llevó a cabo el 22 de agosto en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.

En la instancia se comunicó que se condenó a Victor Readi Catán a la pena de 4 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y a la multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), como autor del delito de celebración de contrato simulado, en concurso medial con el delito de estafa.

Pese a ello, se sustituyó la pena por libertad vigilada intensiva, que deberá cumplirse en el Centro de Reinserción Social de San Antonio. Además, se contempla la cancelación de las escrituras públicas de compraventa y la misma medida para las inscripciones de dominio.

Igualmente, el demandado deberá pagar $58.605.663 de indemnización por daño emergente a su hermano. En el caso de su excónyuge, también se acogió la demanda de indemnización por perjuicio, por la que deberá abonarle $488.444.648.

Hechos de la demanda de excónyuge y hermano contra imputado

El demandado, un ingeniero químico de 76 años, fue acusado por el Ministerio Público y la parte querellante. En ese contexto, se dio a conocer que eran socios de una sociedad que data de 1984 y que se encontraba en etapa de liquidación.

Posteriormente, tanto el hermano como la excónyuge del imputado, en su calidad de socios, manifestaron su voluntad de no perseverar en el contrato social en 2013. La sociedad habría quedado disuelta el 31 de diciembre de 2014, cuando el acusado dejó de ser administrador y representante legal.

Incluso, el imputado de 76 años solicitó ante el 18° Juzgado Civil de Santiago designar a un juez para proceder con la liquidación.

Sin embargo, Víctor Readi Catán, el 29 de octubre de 2019, se dirigió a una notaría pública en Melipilla, se presentó como representante legal y administrador de la sociedad. Una vez allí, otorgó de forma fraudulenta todos los inmuebles de la sociedad que tenía con su hermano y excónyuge, que ya estaba terminada y en etapa de liquidación.

La transferencia se realizó a una persona jurídica del imputado, constituida el 22 de julio de 2019. En ese contexto, se pactó el pago del precio de venta en 120 cuotas iguales que se pagarían desde enero de 2020 en adelante.