El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Peñaflor dictó una orden de detención contra el alcalde de dicha comuna, Nibaldo Meza, por no pagar una indemnización a una profesora.

Todo se remonta a una demanda que presentó la educadora de párvulos Gabriela Villavicencio, quien desde 2002 prestaba servicios en la Escuela Emilia Lascar.

La docente explicó que desde 2016 comenzó a recibir una serie de hostigamientos públicos y privados por parte de la directora del establecimiento, lo cual le generó incluso complicaciones a nivel psiquiátrico.

En la resolución del tribunal, de junio del año pasado, reproduce una serie de hechos que fueron parte de la denuncia.

“Durante la cuarentena sanitaria, el 25 de agosto de 2020, (Gabriela Villavicencio) debía entregar materiales a los apoderados de sus alumnos. Al llegar a la escuela, no se le permitió la entrada por parte de la directora, quien la obligó a entregar los materiales en el frontis del estacionamiento, al lado de los contenedores de la basura”, se describe.

En ese sentido, los jueces pudieron observar que “la circunstancia del ejercicio de un liderazgo disfuncional por parte de la directora del establecimiento Emilia Lascar gatilló en la actora padecimientos de orden psicológico, que fueron tratados por la Asociación Chilena de Seguridad, como dan cuenta los documentos reseñados y analizados en los considerandos precedentes”.

Peñaflor: indemnización impaga asciende a más de $7 millones

Como condena, se estableció que la denunciada debía pagar una indemnización equivalente a seis meses de la última remuneración mensual, lo que equivale a $5.477.460. Además, se suman $2.00.000 por concepto de daño moral.

Sin embargo, estos dineros aún no son entregados a la profesora, por lo que el tribunal decretó “el apremio consistente en arresto por tres días respecto de don Nibaldo Meza, en su calidad de alcalde representante de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor”.

El abogado Claudio Fuentes, quien presentó la demanda junto a Ariel Rosse, indicó que “no tenemos otra pretensión que se cumpla el fallo ratificado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Si eso implica que se arreste al alcalde, es parte de las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones judiciales”.

“Atentar en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores es muy grave. Se atenta, por parte de una Municipalidad, en contra de derechos básicos, lo que no puede ser aceptado”, agregó.